Según la justificación del proyecto, el 77% de los funcionarios escalafonados desde 1999 hasta el 2007 no pasaron por un concurso de oposición y méritos, “por lo que de esta manera se desvirtúa el argumento de la meritocracia”. El 23% de los funcionarios actualmente pertenecientes al escalafón diplomático y consular sí han accedido por concurso desde el año 2007.
La propuesta, de cuya presentación en el Congreso se hará cargo el diputado colorado Walter Harms, según informó el funcionario de la Cancillería, Enrique Ramírez, secretario general del Sindicato, quienes tienen antigüedad y méritos, debieron haber sido escalafonados junto a los 357 funcionarios que sí lo fueron en su momento, previo al año 2007. “Al negárseles esa posibilidad, se cometió un acto de discriminación que hasta hoy no fue reparado”, manifestó. Además, solo 70 funcionarios integran un escalafón administrativo que se creó por decreto.
La propuesta es modificar la Ley 1335, de modo que en adelante contemple no solo al servicio diplomático y consular, sino también al administrativo y técnico.
Para eso sugieren que haya una única Junta de Calificaciones. El concurso nacional de oposición y méritos, único camino para acceder al escalafón diplomático y consular, entró en vigor recién a partir del 2007. Sin embargo, para entonces existían 357 funcionarios escalafonados, quienes habían accedido a diferentes rangos del mencionado escalafón, por vía administrativa algunos y vía sentencia judicial otros.
Sin embargo, la opción de la vía administrativa, por alguna razón desconocida para la mayoría, dice la fundamentación del proyecto, “no estuvo disponible para todos en su momento”. A partir de este hecho es que el Sindicato considera que se discrimina a los funcionarios con antigüedad y méritos que fueron dejados de lado, “y hasta el presente sufren las consecuencias, al no tener posibilidades de crecimiento profesional y laboral, las que están reservadas para los funcionarios escalafonados”. Por eso, desde marzo la directiva del Sindicato hará lobby en el Congreso, a favor de la modificación de la ley.