Barrios enteros se instalaron en tierras presuntamente municipales, originándose una verdadera guerra en instancias judiciales, con propietarios privados que luego de años, están logrando ejecutar órdenes de desalojo. Ante esta situación, y por lo conflictivo que resultan, la Comuna solicitó una medida cautelar, a fin de parar los desahucios hasta tanto concluya una mensura judicial que busca determinar la ubicación y los límites de la famosa.
El propio abogado Miguel Prieto Vallejos, intendente municipal de Ciudad del Este, alertó ayer a los vecinos de la finca en cuestión que la medida cautelar solicitada fue notificada a la institución municipal el 7 de diciembre. “Atención, moradores de la finca 66. El Juzgado de primera instancia del tercer turno en lo civil y comercial de Ciudad del Este, a cargo de la abogada Victoria Cáceres, rechazó nuestra petición de Medida Cautelar para frenar los desalojos. Les adelanto que vamos a apelar esta resolución. Estamos trabajando por la documentación y la paz de todos los vecinos”, refiere el jefe comunal.
El pedido se realizó el 29 de noviembre para evitar la ola de desalojos en perjuicio de familias de la finca 66, a través de la asesoría jurídica de la institución, encabezada por el abogado Wilmer Cuevas. La solicitud fue presentada ante el juzgado de primera instancia. Se fundamentó en una urgencia de protección a los ocupantes debido a que la ley de expropiación de esta propiedad de la ex bananera Paraguaya, no fue inscrita, según explicó el abogado Cuevas.
MENSURA. El año pasado el intendente formalizó una licitación pública ganada por la empresa GeoCad que está llevando a cabo la mensura judicial que ya está en proceso definitorio o con el informe para sentencia, conforme adelantó el director jurídico.
Refirió que se insistirá en la medida cautelar para proteger a la gente de la finca, al aclarar que el Gobierno Municipal no tiene ninguna responsabilidad en los desalojos que son ordenados por los juzgados. La medida cautelar lo que busca es proteger a las familias, contrarrestar las amenazas de las empresas que alegan tener la propiedad de los terrenos y la violencia que afecta principalmente a ancianos, niños, adolescentes y madres. Cuevas adelantó que una vez que se finiquite la mensura, se hará el trabajo minucioso para la determinación de la propiedad caso por caso, ya que la finca pasará al dominio municipal.
Se trata de la finca 29.295 exfinca 66 padrón número 10.946 y la finca 29.294 ex finca 13.741, padrón número 10.947 ubicados en el distrito de Ciudad del Este . Desde que se concretó la expropiación de ambas fincas, por Ley 35/90 se desató una encarnizada lucha social por más de 25 organizaciones sociales, todas ellas con personería jurídica reconocida y existencia legal, real y tangible.