06 may. 2025

Sin libertad de expresión no puede haber democracia

Una nueva amenaza se cierne en nuestro país sobre la libertad de expresión, la información y el ejercicio del periodismo. Las veladas amenazas por parte del abogado del ex presidente Horacio Cartes, quien acusó a periodistas de iniciar campañas en contra de su defendido, y que estos serían llevados ante la Fiscalía, no son solamente un intento de intimidar a medios y a periodistas. Suponen el cuestionamiento de garantías constitucionales, por un lado, pero al mismo tiempo afectan el derecho ciudadano de estar informado.

La amenaza, no tan encubierta, proferida por el representante legal del ex presidente Horacio Cartes, contra periodistas que supuestamente realizaron una campaña en contra de su defendido al publicar datos relacionados con el contrabando de cigarrillos y lavado de dinero, y afirmar que los profesionales serán llamados a declarar ante la Fiscalía, no puede ser tomada a la ligera. El mensaje enviado con esta acción nos muestra la intención de limitar la actividad periodística, sembrando temor, pero también pone al descubierto la determinación de limitar el derecho de la ciudadanía a permanecer informada.

El abogado Pedro Ovelar afirmó: “Medios poderosos fueron parte de esto. Periodistas fueron parte de esto. Ellos saben quiénes son y qué hicieron, y probablemente en la investigación serán citados a rendir cuentas”, el abogado de Cartes acusó directamente a Última Hora y ABC Color, de formar parte de un grupo que urdió el plan de desprestigio contra el ex presidente en supuesta coordinación con instituciones del Estado. Recordemos que hace unos días los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti imputaron el lunes al ex presidente de la República Mario Abdo Benítez (2018-2023), a los ex titulares de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Ministerio del Interior y la Secretaría Anticorrupción, durante su gobierno, entre otros funcionarios, por supuestas filtraciones de documentos confidenciales que hacen referencia a Cartes.

El intento de intimidación tuvo su prólogo en agosto del año pasado cuando los fiscales Aldo Cantero, Rodrigo Estigarribia y Daniela Benítez solicitaron una copia íntegra de la publicación periodística de ÚH de fecha 13 de mayo de 2022, cuyo título expresaba: “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boidanich”. Estos funcionarios pidieron también datos de la persona encargada de la redacción del citado artículo. El pedido correspondía a una diligencia en la causa iniciada por el Ministerio Público tras la denuncia promovida por el ex presidente de la República Horacio Cartes, el 31 de julio, acerca de una supuesta persecución política. El mismo oficio había sido enviado al colega diario ABC.

El pedido enfrenta nada menos que a varios artículos de la Constitución Nacional que garantizan la libertad de expresión y de prensa; la libertad de ejercicio del periodismo; el derecho a informarse, pero sobre todo, exhibe una pretensión de avasallar el derecho ciudadano de estar informado, ya que los medios de comunicación son de interés público, y la misma Carta Magna garantiza el pluralismo informativo.

Última Hora, que recientemente celebró su cincuentenario, nació durante la oprobiosa dictadura con el objetivo de hacer un periodismo crítico; precisamente por eso hemos estado del lado de la ciudadanía en los peores momentos de un gobierno autoritario que violó derechos humanos y restringió derechos y libertades.

Como medio independiente acompañamos el proceso de retorno de la democracia al país, y seguimos convencidos de que sin una prensa libre, y sin una ciudadanía informada no puede haber democracia.

Debemos, por lo tanto, seguir defendiendo el trabajo periodístico de calidad y riguroso como siempre ha caracterizado a Última Hora, y rechazar enérgicamente las amenazas y las limitaciones que pretenden imponer, negando no solamente el libre ejercicio de la actividad periodística, sino que al mismo tiempo quieren limitar el acceso de la ciudadanía a información a la que tiene derecho. La libertad de expresión no es un privilegio para el periodista, sino una garantía para el ciudadano y es una base fundamental de la democracia.

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