Política

“Sin las leyes de transparencia no se romperá el círculo vicioso”

Defiende la divulgación de las declaraciones juradas sin restricción judicial y apunta a la trazabilidad en las campañas políticas.

En el intento de transparentar el ejercicio de la política, el martes pasado se analizaron en la Cámara de Diputados las modificaciones propuestas para la Ley de Financiamiento Político y así también el proyecto de publicidad de las declaraciones juradas, que terminaron siendo desechadas por una mayoría colorada con sus aliados llanistas de siempre. Desde la sociedad civil, el director ejecutivo de IDEA (Instituto de Derecho y Economía Ambiental), el abogado Ezequiel Santagada, hace una crítica no solamente a la clase política que esquiva toda posibilidad de transparencia, sino también sobre el rol de los proyectistas, la falta de articulación de consensos y sobre el papel de los medios que no supieron llevar el mensaje a la ciudadanía.

–¿Por qué cree que los diputados rechazaron mejores controles del financiamiento de las campañas y de las declaraciones juradas?

–La reacción en contra de la transparencia era algo predecible y había que ver en qué momento mostraban las garras. La oportunidad maravillosa que tenían de poder mostrar sus reales intenciones fue con estas dos leyes que tenían como factor común la profundización de la política de transparencia sin lugar a dudas. Se trataba de transparentar el origen del dinero, con el cual se financian las campañas políticas, que llevan a ocupar cargos legislativos o ejecutivos ante la fuerte sospecha de que eso está financiado con dinero de origen ilícito, puede ser del narcotráfico o cualquier ilícito. Es una forma de blanquear dinero.

–¿Cuál es el mensaje de esta clase política ubicada en el Parlamento?

–El mensaje que dieron es que no van a ceder. Ellos creían que podían seguir con algunos maquillajes haciendo lo mismo que siempre hicieron, entonces, cuando vieron que la cosa realmente empieza a cambiar, que aprobar una ley no es una cuestión menor y que modifica la forma tradicional de hacer política, inventaron cualquier tipo de excusas. Realmente eran escandalosas las argumentaciones como: “Son demasiados RUC los que se tienen que conseguir, y no se puede”, cuando no se trata de hacer un RUC por cada candidato, sino por movimiento o partidos. Cuando se habló de declaración jurada, dijeron que corren riesgo de secuestro. Ever Noguera (diputado) de Guiará, dijo que a la gente no le importa la transparencia, porque cuando Federico Alderete (ex intendente de Villarrica) hizo pública su declaraciones de bienes y luego se candidató a diputado, no lo votó nadie. Simplemente son burdos ejercicios que manifiestan una oposición en bloque a una profundización de la transparencia. Ese es el factor común en el rechazo a ambos proyectos.

–Así como quedó la ley, no servirá para la trazabilidad que se necesita con el desbloqueo de listas.

–El desbloqueo necesitaba de una ley de financiamiento político para hacer la trazabilidad. La esencia del proyecto de financiamiento político era transparentar el origen y en los eventuales conflictos de intereses que pudiera haber entre financiadores y financiados. Se mató el proyecto porque se eliminaron las declaraciones juradas. Ese proyecto (destrozado por los diputados) si se convierte en ley no transparenta absolutamente nada. No tendremos declaraciones juradas de los candidatos, datos de registros de ingresos y egresos, los controles de la Seprelad quedan eliminados. Los distintos instrumentos jurídicos que podrían haber permitido la trazabilidad de los aportes quedaron eliminados.

–Estas leyes iban a generar mejor control de parte de la ciudadanía

–Estas dos leyes empezaban a permitir que se rompa el círculo vicioso y generar un círculo virtuoso de transparencia para poner mejores candidatos y el empoderamiento de la ciudadanía. Por eso la vehemencia con la que se opusieron a estas leyes. No va a ser una cuestión fácil y hace falta la presión de la ciudadanía con escraches. En el 2013 no hubo tantas movilizaciones cuando se divulgó el caso de Víctor Bogado pero no se les permitió entrar a restaurantes a 23 senadores.

–Faltó articulación y hacer consensos antes de presentar el proyecto. Es lo que dijeron muchos.

–Para presentar proyectos como estos se debería haber por lo menos tejido las alianzas políticas para llegar a un buen puerto. El ex senador Paraguayo Cubas, cuando presentó un proyecto de declaraciones juradas, terminó abriendo una caja de pandora con esto, que terminó llevando a la Ley 6355 que establece solo con orden judicial. Ahí se creó un problema. Creímos que el presidente iba a vetar esa ley pero el último día que tenía para vetarla, fue el día en que el diputado Bachi Núñez anunciaba que Honor Colorado iba a apoyar el juicio político. Obviamente no tenían la cabeza para estar pensando en vetar la ley, sino ver en como salvaban su pellejo. Dada esa situación, desde la asesoría jurídica se comunicaba que se trabajaría en un consenso para modificar la ley. Ese consenso se dio en el Senado. Sergio Godoy junto con la senadora Desirée Masi tejieron las alianzas políticas. El acuerdo de posturas partidarias se dio en el Senado. Lo lógico hubiera sido que se aprobara sin mayor cuestionamiento en la Cámara Baja.

Ahí es donde empezaron a actuar las fuerzas reales si tenemos en cuenta que los senadores son figuras políticas que tienen un peso político más importante. Son elegidos en listas nacionales. En Diputados, la mayoría de los legisladores son políticos que están en la mitad de su carrera y representan a los pueblos de los departamentos. No tienen tanta exposición a nivel nacional como lo tienen los senadores. Ahí se entiende, por ejemplo el discurso de Noguera, quien dijo que a la gente no le importa esto.

–¿Faltó más trabajo previo antes de presentar el proyecto de Financiamiento Político?

–Lo perfecto es enemigo de lo posible y para eso deben articularse consensos, esa es la base de un sistema democrático para que lo que uno pretende pueda hacerse posible. Se nota que este proyecto fue preparado en 48 horas y es algo que requiere de mucho estudio de legislación comparada, de la circulación de un borrador entre referentes de otros partidos políticos. Requiere de la presencia de expertos internacionales porque hay buenos ejemplos en la región. Se nota que ese trabajo no estuvo. No hay suficiente seguridad para defender las cosas que estuvieron profiriendo los que nunca van a estar a favor de la transparencia del financiamiento político. Uno puede vivir dando titulares para los diarios pero ser legislador requiere de un trabajo serio, de muchos asesores, de muchas consultas y este proyecto debía haberse presentado mucho antes. Acá estamos hablando de legisladores que tenían un tiempito en la cámara, un poquito más de un año. Presentaron la ley en diciembre, cuando pudo haberse presentado en junio o julio ya.

Se aprovechó la coyuntura política nada más que eso. No podemos vivir saltando entre tema y tema. Hay cuestiones que son de Estado y que requiere muchísimo trabajo. Hacer leyes no es soplar botellas.

–¿Qué más le faltó a la ley?

–La ley de información pública tuvo un impacto de entrada tan importante porque se publicó la información pública que antes no se publicaba. Cualquiera podía entrar e identificar clanes familiares en el Estado, por ejemplo. La ciudadanía se involucra en la lucha contra la corrupción cuando se dan las herramientas. Eso le faltó a la ley de Financiamiento Político. Que toda la documentación que debía entregarse al TSJE, hubiera estado subida a una página web en un formato accesible para que la ciudadanía hiciera ese control.

–Por otro lado, la gente no está muy informada al parecer, sobre todo en el interior, sobre estas normas.

–Hago mea culpa en aras de la sociedad civil, porque hemos actuado más en grandes ciudades que al interior del país con el discurso de la transparencia y lo mismo hicieron los medios de comunicación. No han sabido bajar ese discurso al interior del país. No puede ser que mucha gente no vea la relación que hay entre corrupción y menoscabo a su calidad de vida. Hay fallas en la comunicación claramente y de esas fallas se están aprovechando estos tipos. Algunos de los que defendían, están a punto de ir presos.

–La gente se refugia detrás del teclado para expresar su indignación, pero cuando hay convocatorias a manifestaciones, no está.

–Es una cuestión sencilla. Cualquier persona que tiene que estar trabajando 8 horas con un sueldo mínimo para mantener su familia. ¿Va a dejar de ir a su trabajo para ir a una manifestación o al volver de su trabajo, después de haber estado una o dos horas en el transporte público va a irse? No. Lo que nos queda son las redes sociales. Sería excelente salir a manifestarnos, pero también hay una cuestión de realidad social.

–¿Hay una decadencia en la representación parlamentaria también?

–La clase política es el reflejo de la sociedad. Yo no veo que haya gente muy distinta a lo que vemos en una reunión de amigos a veces. En promedio, hay más sinvergüenzas ahí que en otro lugar. Nosotros los ponemos ahí. Antes veía gente más preparada para el cargo.

–Con respecto a las declaraciones juradas, la Corte estudiará una acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones que Ud. promovió para la divulgación.

–Sí. Fue promovida por el ex contralor Enrique García y es mantenida por el actual contralor con el argumento de que sería importante que haya una decisión judicial de parte de la Corte Suprema de Justicia. Si la Contraloría retiraba la acción, iba a tener toda la autoridad moral para publicar las declaraciones juradas y se acababa el tema.

–¿Cuál es su percepción sobre el anuncio de la Corte?

–Me parece que con un muy buen tino, el presidente Eugenio Jiménez Rolón dijo que se trata de una causa con una alta sensibilidad social y lo va a resolver. Ahí es donde se entiende el significado político que tuvo lo que la Corte hizo, porque si la Corte resuelve antes de febrero, antes de que se vuelva a tratar el proyecto de DJ y eso es positivo. ¿Qué van a poder decir todos esos muchachos que querían el secretismo? ¿Se van a tirar contra la Corte y van a pedir juicio político contra los ministros? Ahí en donde se entiende el valor simbólico de lo que hicieron los ministros .


Entrevista al abogado Ezequiel Santagada, director de idea


Defiende la divulgación de las declaraciones juradas sin restricción judicial y apunta a la trazabilidad en las campañas políticas.

Desde la sociedad civil, cuestiona las falencias en el tratamiento de las leyes y la falta de articulación para generar consensos.

Se mató el proyecto porque los distintos instrumentos jurídicos que podrían haber permitido la trazabilidad de los aportes quedaron eliminados. Ese proyecto no transparenta nada.

Se nota que este proyecto fue preparado en 48 horas y presentaron en diciembre, cuando pudo haber sido en junio o julio.

Si la Corte resuelve antes de febrero, ¿qué van a poder decir todos esos muchachos que querían el secretismo? ¿Se van a tirar contra la Corte y van a pedir juicio contra los ministros?

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