Esto –la exigencia del BID para ejecutar proyectos bajo sus políticas– empezó a ganar notoriedad en estos días en el marco de las investigaciones del fallido Metrobús.
Según afirmaron desde la Asesoría Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y también el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, todos los proyectos financiados por el BID no son adjudicados y ejecutados bajo la Ley de Contrataciones, y se rigen por las normas y políticas del BID.
De acuerdo a los datos recabados del portal del Ministerio de Hacienda, actualmente existen 36 proyectos por un valor global de USD 2.531 millones que están siendo ejecutados y financiados por el BID y el Banco Mundial, bajo las reglas y políticas de estos organismos multilaterales, obviando la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.
Al no utilizar la Ley 2051 de Contrataciones Públicas para licitar, adjudicar y ejecutar un proyecto, se abre la posibilidad de aplicar sobrecostos por encima del 20% (tope establecido en la Ley de Contrataciones). La aplicación del sobrecosto se convirtió en una práctica normal en las obras públicas, inclusive aún si son ejecutadas bajo la Ley de Contrataciones, haciendo que finalmente las obras sean más caras a las ofertas presentadas por otros oferentes durante la licitación.
Sin la aplicación de la ley 2051 también se deja abierta la posibilidad de extender el plazo establecido y no terminar en tiempo y forma. Además, no permite a la DNCP sumariar y sancionar a empresas por incumplimiento de contrato, establecido en la normativa.
