Seguimos con el manifiesto leído en la marcha del 2 de febrero. Así es el Paraguay en el 2019.
“Bajo el manto de una democracia tutelada, se amplió y profundizó el orden oligárquico-mafioso originado en el stronismo, basado en un modelo económico extractivista y excluyente.”
En la actualidad: el Poder Judicial, la Fiscalía y las fuerzas policiales y militares constituyen el aparato represivo que defiende esta estructura de poder.
Desde dicho aparato se garantiza la impunidad de los poderosos y se criminalizan las luchas sociales: miles de referentes de organizaciones campesinas, decenas de estudiantes secundarios y universitarios, referentes de organizaciones de personas sin techo y de otros sectores sociales han sido y se encuentran siendo procesados penalmente o cumplen arbitrarias imputaciones por la defensa de los derechos humanos.
La concentración y el acaparamiento de tierras continuó aumentando exponencialmente, siendo hoy el país con mayor desigualdad en la tenencia de la tierra a nivel mundial.
En ese contexto, desde 1989 más de 120 campesinos han sido asesinados en el Paraguay en el marco de luchas por el derecho a la tierra.
Entre 1989 y 2012, 147 jóvenes resultaron muertos y dos desaparecidos en cumplimiento del SMO. Miles más han sido torturados y humillados por ser pobres en el ámbito de las FFAA.
Las luchas sociales lograron que el Estado paraguayo por ley prohíba el reclutamiento de menores en los cuarteles. Sin embargo, en la actualidad hay más de 400 menores de edad en las FFAA, según señala el Ministro de defensa.
Se ha mantenido la práctica de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los niños, las niñas y adolescentes, especialmente de quienes trabajan y provienen de las familias más pobres.
Los desalojos forzosos contra comunidades campesinas, indígenas y asentamientos urbanos se multiplican en todo el país; así como la falta de libertad sindical y la desprotección generalizada de las comunidades rurales frente al uso masivo de agrotóxicos.