Por José Bergues, Paste presidente de ADEC
Aunque el desempeño del Paraguay ha sido menos trágico que el de los países vecinos, la emergencia sanitaria puso de relieve la fragilidad institucional del sistema político.
Esta circunstancia amerita una mirada crítica hacia un sistema político fosilizado, que se enfoca en mantener y acrecentar su poder mediante las maquinarias electorales que se activan en las fechas de elecciones, moviendo a los electores a locales de votación, comprando voluntades, interfiriendo en el conteo de votos y otras formas de presión.
Sería un error atribuir estas prácticas solo al partido de Gobierno: los opositores recurren a los mismos incentivos perversos, todos los cuales corrompen al ciudadano elector. ¿Es posible cambiar esta realidad hacia un sistema electoral más justo y transparente?
Un intento en esta dirección es la supresión de las listas sábanas, que impiden al elector escoger a quien mejor lo represente. Pero los proyectos en ese sentido son resistidos, porque ponen en riesgo las franquicias que los parlamentarios, ediles y miembros de Juntas Departamentales, consideran que les corresponden por derecho irrevocable, cuasi divino.
En contraste con estas actitudes autoritarias, los agentes privados –sean ellos empresarios, dirigentes sociales o de oenegés– deben afrontar día a día los obstáculos que impone el propio Estado mediante la ineficiencia, la corrupción y, sobre todo, la ausencia de incentivos, como los que tienen aquellos para actuar con eficiencia.
El empresario, emprendedor o líder civil tiene otros desafíos, principalmente, el que una gestión errónea genera pérdidas para la organización. No ocurre lo mismo en el sector público, porque el funcionario no sufre el impacto en sus ingresos, de sus malas decisiones o actuación.
En el sector privado rigen otras reglas. Se valoran los méritos personales, aquellos que provienen de la experiencia, la actitud y la capacidad de actuar y decidir: en resumen, las cualidades que contribuyen al éxito y al crecimiento de la organización.
En la pandemia, los contrastes quedaron al desnudo: mientras decenas de miles de pequeñas y medianas empresas cerraron y prescindieron de sus colaboradores, el Estado reaccionó facilitando subsidios a los más vulnerables, en montos muy inferiores a sus ingresos previos. En cambio, los estatales, aun sin acudir al trabajo, percibieron la totalidad de sus salarios.
Presidente, ministros y funcionarios de segundo nivel hacen uso y abuso de sus privilegios, para imponer a la ciudadanía reglas de comportamiento arbitrarias, ante brotes temporales de nuevos contagios. Ahora acaban de establecer nuevas restricciones en horario nocturno, aun sin tener los recursos humanos para su control efectivo. Las autoridades parecen asumir que son infalibles, y que las reglas funcionarán gracias las buenas intenciones que los animan.
Por todo eso esperábamos que la crisis sanitaria, económica y social constituyera un punto de inflexión en la construcción de una institucionalidad política que fortalezca al país y a los ciudadanos. Pero la realidad es que la clase política reincide en sus torpezas y nos deja siempre tambaleantes ante crisis como la que aún estamos viviendo.