23 abr. 2024

Ser firmes en controlar, sin violar reglas democráticas

Las duras medidas dispuestas por el Gobierno para intentar frenar la expansión del coronavirus tienen lógicas consecuencias en la economía y la actividad social, restringiendo libertades básicas. Acciones como las que impiden a compatriotas ingresar al país despiertan natural preocupación. Es una situación excepcional, en donde lo prioritario son la salud pública y la defensa de la vida ante una amenaza global, pero es importante que las medidas de control se realicen siempre conforme a la ley, sin caer en el autoritarismo, y que los ciudadanos no renuncien a vigilar y exigir que toda la actuación estatal respete los valores de la democracia, con honestidad y transparencia.

Las últimas medidas dispuestas por el Gobierno, como el cierre del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, la cancelación de todos los vuelos comerciales y privados y el cierre de todas las fronteras, han generado un gran debate en la población, planteando como preocupación que estas medidas puedan resultar inconstitucionales, ya que atentan contra derechos básicos, como el de negar la posibilidad de que compatriotas que han quedado varados en el exterior puedan regresar a su país.

Esta misma inquietud ha sido formulada por sectores ciudadanos desde el inicio del paro sanitario y la posterior cuarentena obligatoria, ya que se han suprimido numerosos derechos básicos como el del libre tránsito, derecho al trabajo, libertad de reunión y manifestación, entre otros. La vigencia de una especie de “toque de queda” (que “no es, pero se le parece”, según palabras del ministro del Interior, Euclides Acevedo), que prohíbe a los ciudadanos salir de sus casas, salvo en casos de necesidad, no está sustentada en la figura constitucional del estado de excepción, sino en disposiciones del Código Sanitario. Para quienes han vivido los años oscuros de la dictadura stronista resulta inevitable una asociación con el tristemente célebre estado de sitio, que permitía abusos y crímenes desde el Estado tiránico.

La realidad actual es, sin embargo, radicalmente diferente. La amenaza de la pandemia del Covid-19 obliga a asumir disposiciones extraordinarias para buscar proteger a la población. Son duras medidas que tienen lógicas consecuencias en la economía y en la actividad social, restringiendo necesariamente las libertades básicas.

Es una situación excepcional, en donde lo prioritario son la salud pública y la defensa de la vida ante una amenaza global, pero es importante que las medidas de control se realicen siempre conforme a la ley, sin caer en el autoritarismo, y que los ciudadanos no renuncien a vigilar y exigir que toda la actuación estatal respete los valores de la democracia, con honestidad y transparencia.

Sin perder el necesario espíritu crítico y el derecho a reclamar la asistencia del Estado, la ciudadanía debe entender sin embargo que esta emergencia implica adquirir una mejor conciencia y asumir sacrificios. Es necesario deponer las actitudes egoístas y colaborar poniendo en práctica todas las medidas determinadas por las autoridades sanitarias. Tanto los vecinos de populares barrios como Ita Pytã Punta, que protagonizaron un bochornoso y etílico episodio de resistencia ante la acción policial, como los privilegiados compatriotas que habitan en lujosos barrios cerrados con vista al río o quienes regresan apresuradamente de sus vacaciones en Cancún, deben aprender a comportarse con la misma conciencia y la solidaridad ante la salud de los demás.

Igualmente, las fuerzas públicas que se encargan de hacer cumplir las medidas sanitarias deben actuar de manera firme, pero respetando los derechos democráticos. No se deben permitir los abusos, no se debe transigir con el autoritarismo. El Paraguay, al igual que otras naciones del mundo, vive una experiencia crítica que nos debe servir para ser mejores y construir un mejor país.

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