En el Congreso se está debatiendo sobre un proyecto que permitirá a la Seprelad y a Hacienda tener más control sobre bienes de entidades bancarias, financieras sociedades, asociaciones, personas jurídicas, cooperativas, casas de cambios, entre otros.
Este proyecto crea el registro de beneficiarios finales en el marco de la recomendación del Grupo Acción Financiera para la prevención y represión del lavado de activos.
“Se trata de establecer un listado que se ajusta a las exigencias de Gafi y que está en la mayoría de los convenios internacionales anticorrupción y de lucha contra el terrorismo y lavado de dinero”, explicó Enrique Kronawetter, coordinador del Poder Ejecutivo de la comisión que analiza el paquete de leyes.
De esta forma, se podrá determinar quiénes son los “sujetos obligados a cumplir con las exigencias con respecto a los bienes que puedan tener”.
“Esta ley permitirá establecer las entidades que deben cumplir con ciertas exigencias, porque van a ser sujetos de evaluación constante por los organismos, como Seprelad”, señaló.
Actualmente no está establecido quiénes son objeto de investigación. “Con este listado se va a establecer según la ley, quiénes son beneficiarios finales de alguna ganancia de ciertas operaciones que afectan a personas jurídicas. Eso va a establecer un control de quién es el beneficiario final que muchas veces no es la persona jurídica en sí, sino que muchas veces es un tercero que trabaja con la persona jurídica”, precisó.
Agregó que la persona jurídica es la responsable de poner en conocimiento a las autoridades de aplicación sobre quiénes son los que intervienen en las distintas operaciones.
Esta propuesta de 11 artículos se empezó a analizar el viernes pasado en la comisión, pero hubo muchas discrepancias por lo que su estudio seguirá el lunes.
El Senado aún no analizó en el pleno los proyectos del paquete. Existe un consenso entre los miembros de la Comisión de Reforma Penal y Judicial sobre varios proyectos, pero en las comisiones del Senado aún no.
