De los 45 senadores, el único que abiertamente considera que corresponde aplicar la pérdida de investidura a Martín Arévalo es su correligionario Enrique Riera.
Durante su descargo ante la Comisión Anticontrabando, el titular de Aduanas, Julio Fernández, no solo se ratificó en su denuncia sobre tráfico de influencias, sino que acusó de supuesta vinculación con el crimen organizado.
“Deberíamos aplicar la misma vara a todos. Otros se fueron por menos”, sentenció Riera sobre la posible expulsión de Arévalo del Senado.
“Los dos hablaron, pero en este caso, en particular, y en lo que respecta al tráfico de influencias, me pareció más sólido y con pruebas concretas, el director de Aduanas”, sostuvo el colorado.
“A mi juicio, probó todo lo que denunció, y estaría ‘fehacientemente comprobado’, el pedido de nombramiento y promoción de funcionarios en lugares claves e importantes; así como la intervención directa en el proceso de liberación de la mercadería ingresada sin papeles legales”, sentenció Riera.
“Con los documentos a mano, podremos tener más elementos al momento de decidir; aunque creo que antes de las elecciones municipales, no habrá voluntad política de definir nada”, consideró.
Por su parte, el titular de la Comisión Anticontrabando, el senador colorado Arnaldo Franco admitió que las acusaciones son muy fuertes y que está complicado todo.
No obstante, refirió que el siguiente paso es evaluar, y que recién la próxima semana tendrían un informe.
“Si hay una disputa interna entre grupos de poder, y eso tiene el trasfondo de lo que ocurre en Aduanas y un senador, cuál es realmente la dimensión de ese problema”, indicó el senador Hugo Richer, del Frente Guasu.
“Seguramente, el presidente de la República está muy atento sobre las declaraciones del director de Aduanas. Es su competencia eso”, dijo.
“Estamos atentos en relación al senador Arévalo, pero acá, más allá de las acusaciones, que pueden ser ciertas o rimbombantes, o parte de la disputa, necesitamos elementos que prueben una situación determinada”, remarcó.
“Me estoy refiriendo a la 201 (artículo constitucional que habla de la pérdida de investidura), no a la investigación fiscal. ¿Cuáles son los elementos que prueban? Porque la 201 dice (tráfico de influencia) fehacientemente comprobado”, señaló.
Recordó que tienen un representante en la Comisión Especial, citando a Miguel Fulgencio Rodríguez.
“El senador nos va a mostrar los documentos y ahí vamos a tomar una decisión como bancada”, alegó.
“Es importante investigarle a los dos. Eso es lo fundamental para tomar una decisión”, refirió el liberal Enrique Buzarquis.
“Evidentemente, hay gato encerrado allí, y si sabían todo eso, hace tiempo se hubiese denunciado”, indicó, y consideró que es muy grave.
El colorado Juan Darío Monges, quien mantiene una postura en contra de la pérdida de investidura, insistió en un mayor análisis.
“Este es un fuego cruzado. Hay dos demandas radicadas en el Ministerio Público, y el Ministerio Público también debe investigar, y la Comisión, que ha convocado a ambos, requiere mayor información para tomar decisiones”, dijo.
A mi juicio, sí, deberíamos aplicar la misma vara a todos. Otros se fueron por menos. Enrique Riera, ANR.
Más allá de las acusaciones, necesitamos elementos que prueben una situación determinada. Hugo Richer, FG.
Es importante investigarles a los dos para tomar una decisión. Evidentemente, hay gato encerrado allí. Enrique Buzarquis, PLRA.
El Ministerio Público debe investigar y la Comisión requiere mayor información. Juan Darío Monges, ANR.
