El polémico proyecto de ley que contempla la reglamentación de la pérdida de investidura, más conocida como de autoblindaje y que fue aprobado en general en Diputados, no fue bien recibido en la Cámara Alta y salvo algunas voces a favor, integrantes de varias bancadas consideran que el planteamiento debe ser modificado o, en última instancia, rechazado cuando se dé el tratamiento en el Senado. El proyecto establece la doble instancia, es decir que para iniciar la pérdida de investidura la Cámara solicitante debe aprobarla con mayoría absoluta, mientras que la última palabra queda en manos del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
La principal objeción por parte de los senadores es que la Justicia Electoral se constituya en juzgadora de los parlamentarios para los casos de denuncias de tráfico de influencia.
Para los integrantes de la bancada cartista de la ANR, como también del ala efrainista del PLRA y el sector del Frente Guasu, así como se presenta la ley de autoblindaje es difícil que prospere en el Senado.
El senador Sergio Godoy, de Honor Colorado, manifestó que “la pérdida de investidura es el juicio político a un parlamentario; por lo tanto, debe ser considerado. Ahora, creo que no corresponde someter a consideración de la Justicia ordinaria el tráfico de influencias como tampoco es pertinente que el juzgamiento lo tramite la Justicia Electoral”, dijo.
A su turno, el parlamentario liberal Amado Florentín consideró que el tema va a ser debatido, pero asegura: “Vamos a rechazar salvo que aprobemos con modificaciones. Así como viene no estaríamos dispuestos a acompañar por todo lo que vimos en los medios de prensa”, subrayó el legislador.
Anticipó que consultará con sus colegas de la bancada que son abogados para establecer la constitucionalidad o no del documento.
El senador Hugo Richer, del FG, adelantó que en Senado el proyecto no tendrá cabida.
“No creo que en Senado eso pase, porque es un adefesio y lo que hacemos con este tipo de normas es contribuir que la ciudadanía pierda más credibilidad hacia la política y principalmente hacia el Congreso”, señaló en una clara amonestación a los diputados.
Documento aprobado. El martes, la Cámara Baja aprobó que el procedimiento de la pérdida de investidura establecido en la Constitución sea reglamentado mediante una ley y descartó hacerlo sencillamente vía reglamento de la Cámara. De esta forma, se dará trámite a un proyecto normal, es decir, también deberá ser analizado por el Senado.
Esta decisión de la mayoría blindó aún más al diputado Carlos Portillo, quien tiene un pedido de pérdida de investidura y cuyo proceso podía haberse iniciado y culminado esta semana si es que se aprobaba que el órgano juzgador era solo la Cámara como establece el reglamento. De este modo, en lo que resta de este 2018 ya no se tratarán las pérdidas de investidura en el Congreso Nacional.
Así como la Cámara dio una bocanada de aire a Carlos Portillo hasta que nuevamente se presente una acusación en su contra el año que viene, otros legisladores con antecedentes, como Tomás Rivas, son beneficiados por efecto dominó.
Los legisladores incluyeron al Tribunal Superior de Justicia Electoral dentro del proceso para la pérdida de investidura, como el ente juzgador.
Pero para hacer más difícil que una acusación llegue a su término, establecieron que se necesita una mayoría absoluta de 41 votos en diputados para que el pedido de pérdida de investidura sea remitido a un Tribunal Electoral
Fueron 43 los diputados que finalmente votaron por esta versión de la reglamentación cuyo diseño estuvo a cargo de una comisión especial.
Analistas coincidieron ayer en que la decisión de la Cámara de Diputados de reglamentar la pérdida de investidura a través de una ley y de un reglamento interno, incluyendo al TSJE al proceso, representa un atropello a las instituciones.
El ex candidato al Parlasur Mario Paz Castaing afirmó que la decisión de Diputados de judicializar la pérdida de investidura a través de un proyecto de ley “viola la Constitución y es un atropello a las instituciones”.