Fue el diputado colorado Hugo Ramírez, quien aseguró que sigue la presión desde el Ministerio Público para que no corra la destitución.
La semana pasada se oficializó con bombos y platillos el libelo con las acusaciones contra Quiñónez. Se hizo la presentación del libelo en la Cámara Baja, pero al final todo quedó en stand by.
El operativo por parte del cartismo y sus aliados en Diputados apunta a salvar nuevamente a la fiscala general, mediante el rechazo, atendiendo a que no hay números para la aprobación.
“Lastimosamente, algunos diputados, que dicen ser oficialistas, tienen cuestiones pendientes por temas ligados a su gestión pública en otros cargos, como gobernadores, por ejemplo, que necesitan de la Fiscalía, y eso se revela. Es una vergüenza”, sentenció Blanca Ovelar, senadora de la ANR.
“Estoy convencido de que hay aprietes por procesos judiciales. Siempre funcionó así la estructura del Poder Judicial y de la Fiscalía”, refirió el liberal Enrique Buzarquis.
“No se tienen datos precisos que exista apriete. El tema es que se tienen todos los casos para ser investigados por el tema del lavado, tráfico, que Frente Guasu había denunciado. Ella es una pieza clave para seguir sentada sobre varios casos de investigación”, consideró el luguista Sixto Pereira en alusión a la fiscala.
“Que haya boicot y apriete significa comprar y prometer cosas para que se mantengan los números. Así funciona esta institución cimentada por la corrupción y la impunidad”, sentenció el senador.
Fernando Lugo, del mismo sector político, se limitó a señalar que el tema del apriete “es un secreto a voces”.
“No es solamente que no se tienen los votos para el juicio, sino que está terminando de la peor manera porque en este momento casi no se habla del tema en esa Cámara”, consideró Hugo Richer.
“Son muy remotas a estas alturas esas posibilidades y hay demasiadas versiones. No me quedó claro nunca lo que se hizo esta semana y hay varias interpretaciones”, dijo.
“Hay hechos ciertos, evidentemente no era parte de una estrategia de los diputados que estaban a favor del juicio. ¿Qué pasó allí? Hay muchas interrogantes”, remarcó el legislador.
“Otro elemento es que Mario Abdo no opera y no operó por el juicio a la fiscala general”, increpó.
“Si hay un boicot dentro del oficialismo es porque el presidente no operó; el vicepresidente (Hugo Velázquez) creo que no operó, y me parece que es por el interés político, que hace que por equis razones no se deba impulsar el juicio”, manifestó.
“Finalmente, es notable, porque las organizaciones campesinas que se movilizaron, que van a venir a Asunción, esta semana, tienen entre su consigna el juicio político a la fiscala”, señaló.
“Llama la atención la desconexión que hay entre los que impulsan el juicio de no coordinar una acción ciudadana”, fue su queja.
A su criterio, desde las propias organizaciones hubiera venido la presentación y el reclamo, pero mientras tanto siguen los rumores.
TOMAN DISTANCIA. Hay senadores que prefieren mantenerse al margen y observar el escenario como simples espectadores, y los que tienen postura tomada.
“Prefiero esperar que pase Diputados para opinar”, indicó el colorado Arnaldo Franco. “Yo estoy en contra del juicio político. No escuché nada del apriete. Desconozco el tema”, refirió la liberal Zulma Gómez. Justamente su sector es clave para finiquitar este tema en Diputados.
Algunos diputados que dicen ser oficialistas tienen cuestionamientos pendientes con temas ligados a otros cargos.
Blanca Ovelar,
ANR.
Estoy convencido de que existen aprietes por procesos judiciales. Siempre funcionó así la Justicia y la Fiscalía.
Enrique Buzarquis,
PLRA.
Que haya boicot y apriete significa comprar o prometer cosas para que se mantengan los números.
Sixto Pereira,
FG.