El proyecto de ley presentado por el senador liberal Éver Villalba plantea que este tope de rentabilidad se aplique exclusivamente a la cadena de distribución orientada al mercado interno y se basará en los costos comprobados de producción y comercialización. Además, el Poder Ejecutivo otorgará incentivos fiscales, logísticos y comerciales a frigoríficos y puntos de venta que operen en zonas rurales o vulnerables.
El documento destaca que Paraguay, como Estado social de derecho, debe intervenir para corregir desigualdades, proteger a los sectores más vulnerables y garantizar el derecho a la alimentación. “En tiempos donde se criminaliza el hambre, este proyecto devuelve centralidad a la función social de la economía y a la dignidad humana material”, afirma el proyecto, que también menciona que en marzo de 2025 la canasta básica familiar representaba el 71% del salario mínimo. Solo el gasto en carne de primera ascendía a G. 251.400 mensuales, lo que representa el 14% del total de la canasta.
Uno de los datos más llamativos es que el precio de un kilo de costilla –corte de alto consumo popular– superaba los G. 42.000, equivalentes a más del 37% de un jornal mínimo diario. A esto se suma la comparación con el precio de exportación: mientras Paraguay vendía carne a un promedio de USD 5,60/kg durante el primer bimestre de 2025, en el mercado local la costilla llega a costar hasta G. 44.950 (USD 6,4).
“El consumo de carne no puede seguir siendo un lujo”, remarca el proyecto, que califica el acceso a estos alimentos como un derecho alimentario y una herramienta de justicia social.
Nakayama exige transparencia en el precio de la carne
Entretanto, el senador Eduardo Nakayama criticó la falta de voluntad política para debatir de fondo el elevado costo de la carne en el país, señalando que el tema afecta directamente a la ciudadanía y también a los productores rurales.
Nakayama consideró irrelevante si el estudio lo lleva adelante una nueva comisión o la ya existente Comisión de Industria y Comercio, pero insistió en que el análisis debe hacerse con urgencia. “Lo que importa es que se haga. Hay un descontento generalizado, no solo entre los consumidores, sino también entre los propios productores rurales, que venden el ganado a un precio muy inferior al que luego aparece en las góndolas”, señaló.
El senador expuso que actualmente en Paraguay existe un oligopolio en el sector frigorífico, donde dos empresas concentran el 70% de la faena del hato ganadero nacional. “Eso genera una distorsión en el mercado que debe ser analizada. No se trata de estar en contra del lucro, pero tampoco puede ser a costa de expoliar al pueblo paraguayo”, afirmó.
