Un senador de la nación fue denunciado ante la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por posible tráfico de influencias, que tienen que ver con los permanentes pedidos de nombramientos y sobre sumarios a funcionarios, además de presuntamente estar vinculado a una carga declarada de contrabando.
El director nacional de Aduana, Julio Fernández, presentó la denuncia contra el senador de la nación, el colorado Martín Arévalo, el día de ayer.
Fernández manifestó para nuestro medio que “este posible tráfico de influencias tiene que ver con permanentes pedidos e intermediación para nombramientos de funcionarios, permanentes intentos de intervención en sumarios, y en último caso también vinculado con una carga declarada de contrabando, que el manifestó conocer al verdadero dueño, y esperamos que nos informe oficialmente quién era esa persona y que informe también a la Fiscalía ese dato”, detalló el director.
Señaló también que desde hace meses fueron detectando los hechos denunciados, “fuimos construyendo hasta que finalmente llega este último caso que terminó colmando la paciencia. La idea que teníamos era institucionalizar la Aduana y dejar libre de este tipo de influencias. Básicamente lo que hicimos es acumular pruebas, dado que era una cuestión muy incisiva de parte de el”, subrayó.
A decir del mismo director de Aduana, son puestos claves de la institución los solicitados por el legislador y de exclusiva competencia de la DNA la tramitación de sumarios administrativos y procesos administrativos en los que Arévalo pretendía intermediar.
Concretamente, el senador colorado solicitó la designación de determinados funcionarios en carácter de administradores de Aduanas.
Una de las peticiones refiere al funcionario Miguel Ángel Medina, quien se desempeña actualmente como jefe de división.
También requirió la designación como administrador de Aduana del funcionario Luis Pereira, quien también se desempeña como jefe de división.
Contrabando. Según la nota de denuncia, el senador Arévalo habría intermediado a favor del ciudadano Ahmad Khalil Chams, quien, según sus propias afirmaciones, sería el propietario de mercaderías ingresadas de manera ilegal al territorio nacional.
En fecha 22 de noviembre de 2019, había sido retenido un camión de la marca Scania, en el kilómetro 12 de la ruta PY06, en la ciudad de Encamación.
La carga no cumplía con los requisitos legales aduaneros y el sumario concluyó declarando la mercadería de contrabando y, consecuentemente, ordenándose el comiso tanto de las mercaderías como del vehículo.
Desde ese momento, el legislador habría buscado insistentemente la manera de liberar la mercadería. En una comunicación habría mencionado que “sus amigos son los dueños de la carga” y que “le visitan lodos los días y que quiere ayudarles”, según detalle de la denuncia.
