Dijo que es necesario analizar la medida en mesa directiva, ya sea de la Comisión permanente o a la vuelta del receso, en marzo.
“Nosotros somos los que aprobamos y ampliamos todo lo que sea presupuesto, en este caso, de la Fiscalía, pero con lo que ellos están haciendo, nosotros podemos recortarle, por ejemplo, algunos rubros que para ellos son determinantes”, alertó.
Señaló que el hecho de que el Congreso solicite información podría tomarse como una intromisión a poderes con independencia, pero aclaró que esos informes son necesarios y que deberían ser remitidos.
“Pero así como ellos no quieren responder informes que nosotros precisamos, entonces nosotros de alguna manera podemos también recortarle el presupuesto que para ellos es una prioridad. Acá nadie quiere entorpecer el trabajo de ellos, pero de alguna manera, si el Congreso solicita un informe, tendría que ser remitido. Lastimosamente recurrieron a la Corte”, apuntó Arévalo.
Indicó que con esta medida, que fue planteada ya en 2015 por el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, la Fiscalía “se resguarda” y el Congreso “queda atado”.
“Lo que puede hacer el Congreso es manejar de manera aislada a la Fiscalía en lo que se refiera a presupuesto o en lo que corresponda”, añadió.
Arévalo sostuvo que el Ministerio Público, ayudado por la Corte, lo que pretende es evitar que se le controle. “Y tampoco le pueden forzar al Congreso a actuar de forma ciega en lo que ellos hacen con sus atribuciones”, afirmó.
Díaz Verón promovió la acción en el 2015, contra la citada ley, debido a que consideraba violatoria de varios artículos constitucionales, tales como, del Poder Público, de la libertad y seguridad de las personas, de la supremacía de la Constitución, a más de los artículos referentes al Ministerio Público.
El diputado colorado Walter Harms había explicado que no se trata de una intervención de un poder a otro, alegando que una cosa es revelar datos de una investigación y otra, informar sobre las actuaciones de los investigadores, que sí es un hecho público. “Cuando se pide informe lo que se quiere saber es qué es lo actuado en un caso en particular”, aclaró.
Por su parte, el senador del Frente Guasu, Hugo Richer, calificó la medida como un estancamiento.
“Es un retroceso o estancamiento. Creo que se deberían de abrir a todo tipo de informaciones en su relación con el Congreso, más allá de que el Congreso se merezca confianza, es una instancia de representación popular. Entonces, si hay cuestionamientos, podría tener potestad de pedir información”, apuntó.
El senador del Partido Patria Querida (PPQ) Stephan Rasmussen, también se refirió al tema y señaló que está muy claro el equilibrio de los poderes y que es atribución del Congreso pedir información, que puede ser de carácter confidencial o público.
Si ellos no quieren responder informes, entonces nosotros de alguna manera podemos también recortarle el presupuesto. Martín Arévalo, senador.
