La normativa pretende que toda persona adulta cobre de manera automática a partir de los 65 años de edad, sin ningún censo, solo con su declaración jurada; también se plantea el aumento de la pensión al 50% del salario mínimo vigente.
En el caso de los indígenas, desde los 55 años, debido a su expectativa de vida.
En la última sesión del Senado se propuso que las consideraciones finales se realicen en 15 días, mientras se aguardan los informes de las instituciones pertinentes.
Actualmente, hay 310.609 personas protegidas, según los registros oficiales y las proyecciones para el 2024 indican el incremento de alrededor de 25.000 personas para los próximos años.
Recientemente, el presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la ley que transfiere el programa de pensión para adultos mayores al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), que anteriormente dependía del Ministerio de Economía y Finanzas.
