El proyecto surgió a raíz del asesinato del fiscal antidrogas Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia.
Con el proyecto del Senado se establece que el agente fiscal que por alguna investigación o causa asignada esté en riesgo o peligro su vida o integridad física, solicitará su ingreso al programa de protección con la finalidad de garantizar su seguridad, dentro y fuera del territorio nacional.
Se establece igualmente como atribuciones del fiscal general del Estado el deber de adoptar las medidas administrativas necesarias para el funcionamiento del programa, como así también podrá disponer una custodia personal para los agentes que hayan ingresado al programa e implementar cualquier otra medida de protección y seguridad. Se plantea que la protección se pueda otorgar a los colaboradores y asesores externos que eventualmente el Ministerio Público pueda contratar para la investigación de hechos punibles.
