“Este es un compromiso del Parlamento”, dijo el senador Arnaldo Samaniego, quien manifestó que el año pasado ya se aprobó para que los actuarios puedan percibir un aumento del 60%. Dijo que hace 9 años no cuentan con aumento de sus haberes.
Para Kattya González, el veto resulta inexplicable. “Este veto representa la intención, debilitar la Justicia y desdeñar la función misional que cumplen los actuarios”.
Sostuvo que la Justicia necesita también una mirada presupuestaria para conseguir la anhelada independencia del Poder Judicial. “El veto no tiene fundamento. Dice que no se le pidió permiso al ministro de Economía. Nosotros no tenemos que pedir permiso. La ley se cumple, se acata”, precisó.
Según la objeción total del Poder Ejecutivo, el aumento en sueldos y aguinaldos por los meses de octubre, noviembre y diciembre podría tener un impacto de G. 22.201 millones.
La Cámara de Diputados ya rechazó el veto en una sesión del 2 de noviembre pasado.
“Considero que las argumentaciones del Ejecutivo no tienen ningún fundamento técnico-jurídico valido y, sobre todo, carecen de empatía con los actuarios judiciales, que son actores importantes del sistema de justicia”, había mencionado la diputada y líder de Honor Colorado, Rocío Abed.
Esta propuesta establece que los actuarios judiciales, secretarios o auxiliares de Justicia percibirán un salario mensual equivalente al 60% del salario correspondiente a los jueces de Primera Instancia de la República del Paraguay, más las bonificaciones correspondientes al cargo, a fin de dar cumplimiento a la ley.
Los actuarios judiciales percibirán un salario de G. 8.508.600 con la vigencia del aumento.