El proyecto fue propuesto por Carlos Filizzola, Sixto Pereira y Esperanza Martínez. El objetivo de la propuesta es lograr que el Ejecutivo derogue el Decreto N° 7702, de fecha 14 de setiembre de 2017,
“Por el cual se Reglamenta el Artículo 42 de la Ley N° 422/1973 ‘Forestal’ y se Abrogan los Decretos N° 7031, del 17 de Abril de 2017; 7152, del 22 de Mayo de 2017, y 7674, del 4 de Septiembre de 2017".
A criterio de Filizzola, quien defendió su propuesta ante el pleno en sesión ordinaria este jueves, el criticado decreto permite a quienes cometieron delitos ambientales beneficiarse del resultado de su actuar delictivo, en vez de sancionar tal acción.
“Es un plan criminal para la destrucción de bosques. Buscamos que se pueda garantizar el derecho a toda persona de estar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado”, dijo. Ahora la cuestión queda en manos del mandatario de turno, Horacio Cartes.
El decreto cuestionado reglamenta el artículo 42 de la Ley Forestal, el cual habla de que todas las propiedades de más de 20 hectáreas en zonas forestales deberán mantener el 25% de su área de bosques naturales.
Tal norma, entre otras cuestiones, establece las formas en las que un propietario puede paliar el déficit de porcentaje de conservación. Está vigente desde setiembre, también deroga dos decretos anteriores que reglamentaban el artículo 42 de la Ley Forestal, firmados entre mayo y setiembre de este año.
Una de las organizaciones que protestó al respecto fue WWF. El grupo de ambientalistas cuestionó el decreto debido a que se considera que abre las puertas a la deforestación y sostiene que esta modificación influyó en la destitución sorpresiva del titular del Instituto Forestal Nacional (Infona), Víctor Yambay.
Los certificados ambientales son documentos que certifican a propiedades como bosques nativos y se ponen en venta a propietarios que no llegan al porcentaje de bosques requerido, de manera a paliar de alguna forma el déficit forestal.
Deforestación
Datos oficiales revelan que, solo en el año 2016, la Región Occidental perdió más de 200.000 hectáreas a causa de acciones humanas. Esto se debe a la alta permisividad por la falta de una normativa que prohíba la deforestación en la zona. La ley conocida como “deforestación cero” solo rige para la Región Oriental.
Un informe oficial del Infona revela que en seis años, es decir, desde el 2011 hasta el 2016, alrededor de 1.931.000 hectáreas de la Región Occidental fueron completamente deforestadas. De este total, el 97% fue completamente autorizado.
La Organización Guyra Paraguay es la que controla mediante el monitoreo satelital la zona Occidental. Ellos sostienen que hace unos años el Chaco se estaba deforestando en un rango medio de 11.485 hectáreas por mes, alrededor de 137.820 hectáreas. La cifra aumentó considerablemente.
