“Las informaciones solicitadas por las Cámaras del Congreso y las comisiones de investigación, conforme con lo establecido en los artículos 192 y 195 de la Constitución Nacional, respectivamente”, será una excepción de secreto bancario, en caso de que se sancione y se promulgue.
El proyecto, planteado tras la negativa sistemática de las autoridades del ente de dar informes sobre presunto lavado de dinero, estipula también que el Banco Central deberá responder los pedidos con toda la información requerida en documentación certificada por el presidente de la entidad, sin alterar el contenido de la materia. Entre los férreos defensores de la actuación del BCP se encontraba el colorado cartista Enrique Riera, quien llegó incluso a ironizar sobre el tema, relatando que hasta “las facturas de moteles” podrán conocerse en detalle.
“Dejen de ser legisladores y vayan a ser miembros de la Seprelad o jueces”, dijo Riera, dirigiéndose a sus colegas proponentes, argumentando que el Senado no puede pasar por la voluntad de un juez. “Si hubo facultades antes, fue un error”, aseveró.
También el senador cartista Sergio Godoy argumentó en contra señalando que la información que maneja el BCP es patrimonio documental; por lo tanto, solo un juez puede solicitar o acceder.
Desirée Masi argumentó en favor del proyecto, explicando que solo se estará recuperando la competencia que tenía el Congreso. Cuestionó que el BCP interprete con la ley actual que el Congreso sea considerado como “terceros”.
Jorge Querey, del Frente Guasu, comentó que cuando el presidente del BCP compareció ante el Congreso, dijo que le niega información a la Fiscalía, no solamente al Senado, lo cual calificó como un obstáculo para las investigaciones. “Hay interés del anonimato de muchos capitales sucios devenidos de delitos precedentes”, aseveró.
