También se dio vía libre a una resolución que insta al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para actuar de oficio con relación a jueces y fiscales involucrados en el esquema de usura y lavado.
Hubo un planteamiento por parte de Stephan Rasmussen, de Patria Querida, para que la Comisión sea Unicameral, y no dependa de la Cámara Baja, atendiendo al periodo de receso.
El líder de la bancada del Frente Guasu, Jorge Querey, proyectista, sostuvo que al ser Bicameral tienen más instrumentos y herramientas.
Remarcó que los diputados podrían este punto en una sesión extraordinaria.
Mencionó que la CBI tendrá la facultad de convocar no solamente a referentes del sector público, y además, la posibilidad de hacer un procedimiento, a través de autorización del juez.
“Demos una señal potente como Senado. Es el camino más dificultoso”, admitió.
Habló del fracaso del Banco Central del Paraguay, de los organismos anticorrupción y de prevención del lavado.
“No hemos tenido capacidad de controlar, menos castigar, y probablemente algunos han sido cómplices”, sentenció Querey.
Acusó al sector privado de “no haber hecho las debidas diligencias”, respecto al reporte de operaciones sospechosas. La propuesta fue acompañada por la mayoría.
La 201, fue clave. Desirée Masi, del Partido Progresista, presentó la resolución para que el JEM actúe de oficio. Destacó que todo este esquema pudo salir a luz, mediante que el Senado activó por primera vez el artículo 201, de la pérdida de investidura. Alegó que si Óscar González Daher seguía en el Jurado, no se hubiera llegado a todo esto.