El tratamiento de la propuesta sobre tablas fue planteado por el titular de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna), Juan Afara, quien advirtió previamente que la vigencia de la normativa era hasta el 14 de diciembre del 2020.
Afara señaló que esta ley cumple con una importante función socioambiental para el país e indicó que el origen inicial de la normativa se basa en la necesidad de proteger los bosques del Chaco, que durante años fueron deforestados sin control alguno.
El legislador también mencionó que se busca incorporar un incentivo para los propietarios que cuidan de los bosques comprendidos en sus tierras.
Además, dijo que el Paraguay requiere de este tipo de normativas para seguir con el cumplimiento de acuerdos internacionales sobre el medioambiente.
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Para el estudio de la propuesta, el pleno del Senado se convirtió en comisión y dictaminó a favor de la aprobación de la ampliación de la vigencia de la ley.
Finalmente, los senadores acompañaron por amplia mayoría el texto, cuyo objetivo es continuar con las medidas de protección de bosques por otra década más.
Por su parte, el senador colorado Sergio Godoy aseguró que, a pesar de la existencia de la ley, mucha gente sigue deforestando. Afirmó que se debe acudir a la tecnología para detectar las áreas afectadas.
Fernando Silva Facetti (PLRA) señaló, por su parte, que la extensión de la ley debía ser de solo de cinco años, ya que la propiedad privada debe ser la base de un Estado. Sin embargo, aseguró su respaldo a la normativa.
Varias organizaciones medioambientales siguieron de cerca el estudio de este punto, atendiendo la importancia de la ley para la prevención de la deforestación de los bosques del Chaco y de la Región Oriental.
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Unas 60 oenegés medioambientales urgían la ampliación de la vigencia de la Ley 6256 que prohíbe las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental, ley conocida como la Ley de Deforestación Cero.
El texto ahora pasa a la Cámara de Diputados para su estudio. En caso de sancionarse, la normativa pasará a consideración del Ejecutivo.
