El ex secretario de Obras Públicas de Argentina, José López, fue condenado a seis años de cárcel. Además otras varias personas consideradas como testaferros en la trama, entre ellas su esposa, María Amalia Díaz, para quien los jueces del Tribunal Oral Federal 1 dictaron una pena de dos años que quedará en suspenso.
El ex funcionario, en prisión preventiva desde 2016, continuará su pena mientras participa como imputado colaborador en otra de las megacausas que investiga la supuesta corrupción en el kirchnerismo, conocida como la causa de los cuadernos de la corrupción.
La causa por la que ya fue condenado comenzó cuando fue sorprendido infraganti al tratar de introducir bolsas de dinero en el monasterio Nuestra Señora de Fátima, en la provincia de Buenos Aires.
En el proceso penal, fue absuelta la religiosa vestida de monja Celia Inés Aparicio, quien de acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron la escena ayudó a López a meter las bolsas en la institución. Aparicio estaba imputada por encubrimiento.
Cuando se produjeron los hechos, López fue sorprendido y detenido tras la llamada de un vecino al 911 alarmado por los movimientos extraños que vio en la madrugada del 14 de junio a las puertas del convento.
En las imágenes de las cámaras de seguridad, que fueron difundidas por televisión, se ve a López aproximarse a una de las puertas de reja interiores con un arma larga, calibre 22, y varios bolsos.
Posteriormente toca con insistencia un timbre, hasta que se asoma una de las religiosas, supuestamente Aparicio, que abre una puerta de rejas y toma los bolsos, en los que aquella noche la Policía, después de detener a López, descubrió el dinero.
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La religiosa, ahora absuelta de sus cargos al contrario que López, alegó a los pocos días que pensó que lo que López llevaba eran bolsos con comestibles, por lo que le dijo “que los dejara en la cocina”.
La Fiscalía consideraba que, durante su etapa en política, López se enriqueció de una manera desmesurada, algo que vinculó con los bolsos de dinero, que se relacionaba con actividades de corrupción.
López, segundo del Ministerio de Planificación Federal que dirigía Julio de Vido –también detenido por otra causa– dijo al ser interrogado en la fase de instrucción que ese dinero provenía “de la política”, aunque no dio mayores detalles sobre el origen de los fondos.
Dos de los acusados como testaferros de López, Andrés Enrique Galera y Eduardo Ramón Gutiérrez, fueron condenados a dos años y medio de prisión después de que el Tribunal los considerara colaboradores en el delito, mientras el empresario Marcos Artemio Marconi fue absuelto.
