Editorial

Seguridad jurídica es un desafío fundamental para el desarrollo

Casi en cualquier indicador mundial, Paraguay se encuentra ubicado en una mala posición relativa. Si se compara con el resto de los países de América Latina, en la mayoría de los casos se encuentra por debajo del promedio y muy cerca de los últimos lugares. Recientemente, la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) dio a conocer la lista de países con deficiencias en la defensa de la propiedad intelectual. Las autoridades deben realizar las acciones necesarias para garantizar el nivel de seguridad jurídica que necesita el país para encaminar su trayectoria hacia el desarrollo.

Nuestro país volvió a ingresar a la zona gris de dicho ránking mostrando las dificultades que presenta a la hora de hacer cumplir las normas vigentes.

La debilidad de la institucionalidad pública se manifiesta de diversas formas. El Poder Ejecutivo no tiene las capacidades técnicas ni la información necesaria sobre estos temas mientras que el Poder Judicial no trata los casos o los deja impunes.

Las consecuencias son nefastas.

Si queremos insertarnos en un mundo altamente dinámico y cada vez más exigente en términos de calidad de los bienes y servicios que consume, requerimos mejorar sustancialmente el modelo económico.

Para cambiar el modelo económico, un determinante fundamental es la seguridad jurídica. Sin el cumplimiento de las normas, tanto nacionales como internacionales, seguiremos siendo un país con una pésima imagen internacional.

Paraguay necesita atraer a empresarios innovadores, con apego a la ley y con altos estándares éticos.

Las inversiones que lleguen deben generar empleos de calidad e impulsar cadenas de valor en las que nuestro país deje de ser oferente de bienes de bajo valor agregado. Debemos aspirar a la instalación de empresas que alimenten cadenas productivas que transfieran conocimiento y generen ingresos laborales para un amplio grupo de trabajadores.

Mientras sigamos estando en las listas “grises” o seamos volátiles en nuestros magros avances temporales, solo atraeremos a empresas e inversores con poco impacto en la sostenibilidad y la calidad del crecimiento y con poco interés en fortalecer su presencia en el país.

En las últimas décadas hemos ido incorporando inversiones extranjeras; sin embargo, una parte importante de esos capitales vuelve a salir. Tampoco son inversiones con altos niveles de innovación tecnológica, mucho menos transfieren esos conocimientos a empresas paraguayas. Tienen poco impacto en el volumen de empleos de calidad y en la instalación de cadenas productivas que incorporen empresas paraguayas.

En algunos casos, las empresas que llegan son de dudoso comportamiento legal y ético en los países en los que se instalaron con anterioridad a Paraguay. Solo basta analizar con profundidad los antecedentes de aquellas involucradas en las últimas experiencias fracasadas de obras importantes en nuestro país.

Por si fuera poco, debido al mal posicionamiento internacional de Paraguay en los ránkings que incluyen variables relativas a la fortaleza institucional, para atraer a estas empresas debemos ofrecerles incentivos tributarios que nos restan recursos para avanzar en ámbitos que podrían ayudarnos a mejorar el clima de negocios, como la infraestructura vial y comunicacional y la capacitación de la juventud.

La incapacidad de las autoridades administrativas y judiciales para garantizar el cumplimiento del marco legal e institucional nos está llevando a un contexto que no favorece ni el crecimiento económico ni mucho menos el desarrollo.

Las autoridades deben ser conscientes de que con sus acciones contribuyen a perpetuar una situación de subdesarrollo permanente obstaculizando cualquier aspiración a mejoras presentes y futuras.

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