Hagamos algo de historia. Cuando se iniciaron en Paraguay los estudios que sirvieron de base para la intervención militar en materias de defensa interna, allá por el año 2011, los informes colectados por entonces arrojaban indicadores alarmantes sobre un proceso incipiente de insurgencia y terrorismo, matizado de fuertes componentes socioeconómicos asociados al narcotráfico. Se sabía ya, que el tiempo iba a ser un factor de presión sobre el operador encargado de gestionar la devolución de la normalidad en aquellas regiones, en este caso el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI). Hoy la crisis no solo ya es crónica, atemporal, sino que esta se proyecta sobre toda nuestra sociedad, haciendo inseguro para la seguridad humana cualquier sitio en la vía pública. Los hechos acontecidos el domingo último en la ciudad de San Bernardino así nos lo demuestran.
La falta de profundidad y amplitud en estas operaciones (términos tácticos que indican dominio del territorio y sus demás componentes: Gobierno, población y cumplimiento de la ley) indican claramente la existencia de un proceso cada vez más fortalecido en donde la seguridad se divide en distritos que están en manos de corporaciones ajenas al propio Estado. Significa que ni éste, ni el Gobierno de turno, ni sus agentes son capaces de controlar todo el territorio nacional ni la administración de su justicia. El Estado paraguayo, fallido o no, ya comparte con dichas corporaciones la administración de la vida y los bienes de sus habitantes y de quienes residen en estas tierras.
¿Qué implica esto en términos de Inteligencia? Que la información sensible fluye no solo en los órganos oficiales encargados de la prevención y de la represión, sino también que ella es administrada por el crimen organizado y sus carteles, impidiendo gestiones auspiciosas y que aumenten los niveles de seguridad de la ciudadanía.
La intensidad y el aumento de la violencia criminal impuestas por dichos carteles de la droga hoy supera con prioridad de alerta roja a aquella insurgencia norteña y es superior a los esfuerzos del gobierno para proporcionar ambientes seguros para el tránsito de la población. A la vista resalta la insuficiencia de los sistemas necesarios para proteger a la población y a las instalaciones. Y he allí en donde radica el nivel real de la peligrosidad de estos grupos. Como el volumen de dinero que manejan ya se asemeja a los grupos terroristas auspiciados por un Estado, tienen acceso a capacitación que mejora sus competencias y sus posibilidades de éxito. En resumen: Fondos, documentación, armas y explosivos. El asesinato y el daño colateral en el anfiteatro “José Asunción Flores” es prueba cabal de ello.
Si usted me permite detectar cuales fueron algunas de las falencias compartidas por las empresas de seguridad privada y la Policía Nacional en aquel evento, enumeraré: carencia de planificación preventiva, preparación inadecuada de los agentes de seguridad: Nunca supieron identificar los peligros ni sus derivaciones complejas. Carencia de detección de la vigilancia, carencia de información de protección.
Súmele a ello la vulnerabilidad para la detección de armas de diversa índole. Pero, no nos olvidemos del foco central del problema. Y ello se resume en una frase: al narcotráfico y al crimen organizado –como clústeres financieros que sostienen una parte de la economía paraguaya, conviene– un Estado debilitado.
Existen clústeres que sostienen la economía paraguaya y a quienes conviene un Estado débil.