En declaraciones a la 1080 Monumental AM, el representante del Ministerio Público dijo que el acuerdo de pago de resarcimiento del daño “no firmó la persona que tiene legitimidad para este caso”.
El legislador había sido absuelto el miércoles pasado, luego de firmar un acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, con el que se comprometió a devolver a la institución Legislativa G. 121.208.000 que usó para pagar a sus caseros particulares.
“Cuando hablamos de delitos contra el patrimonio, existe la posibilidad de que la causa se extinga, si hay anuencia de la víctima o del Ministerio Público. Esta vez la víctima es el Estado. La persona que reparó el daño (en este caso Alliana) no era víctima para aprobar”, explicó el fiscal Piñánez.
El diputado había sido acusado por estafa, porque colocó en la lista de funcionarios a los caseros que trabajaban en su propiedad, cobrando el salario del Estado.
Al supuestamente resarcir el daño, el Tribunal decidió que el hecho extinguió. Sin embargo, los caseros sí fueron condenados a dos años con suspensión. El fiscal opinó que el acuerdo que se firmó con Alliana no correspondía.
“La víctima en este caso es el Estado paraguayo como estructura, estamos hablando de muchas autoridades. Él (Pedro Alliana) no tenía esa legitimación para firmar ese acuerdo”, sostuvo.
Ese dinero ahora no se sabe en qué se va a disponer, ya que en realidad debía ser entregado a la Procuraduría General de la República.
CORRUPCIÓN. Según el fiscal, es difícil que el Estado diga que no tiene nada que reclamar, ya que se trata de un caso de corrupción pública.
“Acá se habla mucho de la corrupción y estos ejemplos son nocivos. Y nunca vamos a cambiar, si es que primeramente no partimos de la educación”, explicó.
EL CASO. El caso salió a luz gracias a las publicaciones de ÚH. Los considerados como caseros de oro, Reinaldo Chaparro, Nery Franco y Lucio Romero, fueron condenados en junio de este año a 2 años de cárcel con la suspensión a prueba de la ejecución de la pena.
Fueron hallados culpables por cobro indebido de honorarios, porque recibían salarios de la Cámara de Diputados, cuando en realidad cuidaban las propiedades del legislador colorado.
En cuanto al diputado, el Tribunal, integrado por los jueces Héctor Capurro, Juan Carlos Zárate (con voto a favor) y Cándida Fleitas (con voto en disidencia), definió que ya reparó el daño.
Rechazaron el recurso de reposición que planteó Piñánez “por improcedente”. El lunes pasado, justo antes del inicio del juicio, los abogados Enrique Kronawetter y Federico Huttemann solicitaron introducir en el expediente el acuerdo con Alliana firmado el pasado 22 de noviembre. El presidente del Tribunal, el juez Héctor Capurro, dijo que es idóneo ese documento.
Es difícil que el Estado diga que no tiene nada que reclamar, ya que se trata de un caso de corrupción pública.
Luis Piñánez,
fiscal.