En una desordenada votación, el presidente del Congreso, Óscar Salomón, dio por hecha la sanción, a pesar de que su colega Enrique Bacchetta le sugería que se haga en forma nominal.
Hubo un planteamiento de reconsideración del proyecto, que al final no corrió, porque hubo mayoría en contra.
“El texto del Senado hace referencia a informaciones solicitadas por el Congreso, que ya no podrán ser proveídas con alteraciones ni tachaduras”, explicó Hugo Richer.
“Deberán ser entregadas íntegras y certificadas por el presidente del BCP (Banco Central del Paraguay). Se incorpora a Tributación y Seprelad como posibles destinatarios de la información”, indicó.
“Tenemos que legislar pensando en que dentro de 15 años venga un presidente totalitario que quiera usar la ley contra la ciudadanía. Si abrimos la puerta que el Congreso tenga información personalísima, es peligroso”, fue el argumento de Stephan Rasmussen, de Patria Querida, a favor de las restricciones.
La progresista Desirée Masi puso como ejemplo el caso de A Ultranza, citando que 4 cooperativas, 6 casas de cambio, 14 bancos, 3 financieras, 1 casa de crédito y 18 aseguradoras siguen haciendo maniobras para no entregar datos a la Fiscalía.
“Todas las maniobras desde el 2019. Haciendo venta simulada, transacción, tratando de encubrir a grupo de mafiosos traficantes de cocaína”, sentenció la senadora.
“Ni la Fiscalía tiene ese poder. No puede ser esta falta de control de estos organismos y que nadie haga nada. Le tengo más miedo a la gente que usa el sistema financiero para lavado con dinero manchado de sangre”, fustigó.
Fueron interviniendo otros senadores, entre ellos Abel González, Enrique Riera y Sergio Godoy, en defensa del secreto bancario. Enrique Bacchetta sostuvo que se tenía que apostar a la transparencia. La votación fue a favor de la versión de los diputados.