La audiencia de Cristina Fernández se realizó en forma mixta, con los integrantes del Tribunal Oral 2 y los testigos en la sala y el resto de los participantes vía la plataforma Zoom, para evitar la reunión de muchas personas en momentos de alta circulación del virus SARS-CoV-2 en la Argentina.
La líder peronista, procesada en varias causas por presuntos delitos durante su mandato como presidenta (2007-2015), no participó en la audiencia.
El juicio, el primero que se abrió en su contra, comenzó en mayo del año pasado, pocos días después de que la política anunciara su candidatura electoral.
Cristina, acusada de liderar una asociación ilícita
Fernández es acusada, junto a otros imputados, de encabezar una asociación ilícita y de fraude en la concesión de obras por supuestamente direccionar contratos a un amigo de la familia Kirchner, el constructor Lázaro Báez, ya detenido desde 2016, para “apoderarse ilegítimamente” de millonarios fondos mediante licitaciones irregulares.
En el caso se investigan presuntas irregularidades en la concesión de 52 obras públicas que recibieron las empresas de Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández.
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La dirigente peronista se sentó en diciembre en el banquillo, pocos días antes de asumir la vicepresidencia del Gobierno de Alberto Fernández, y aseveró que es víctima de una persecución judicial que inició la administración del anterior mandatario Mauricio Macri (2015-2019).
Al declarar entonces frente al tribunal, Fernández denunció una lawfare (una guerra judicial) en su contra y se negó a responder las preguntas de los jueces.
La causa se originó en una denuncia que presentó en 2008 de la entonces diputada opositora y aliada de Macri Elisa Carrió, aunque tomó impulso definitivo con una denuncia en 2016 del ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel, quien hace pocos días fue procesado en otra causa por presunta administración fraudulenta.
La investigación apunta a un supuesto plan en la provincia de Santa Cruz -de la que Kirchner fue gobernador de 1991 a 2003- para el manejo “fraudulento” de fondos en favor de las empresas de Báez, que resultaron adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en esa provincia durante los 12 años en que se extendieron los Gobiernos nacionales kirchneristas.
El expediente se relaciona con otros dos en los que se investiga si se usaron dos sociedades inmobiliarias de los Kirchner para recibir, mediante arrendamientos de propiedades, transferencias millonarias de parte de empresarios como Báez, que a su vez habrían recibido adjudicaciones con sobreprecios.
