En la opinión de Fernández, el abuso de la prisión preventiva sigue siendo una constante. “Se aplica de forma irracional cuando en el proceso penal sabemos que es la excepción, es la última razón. No se puede aplicar por aplicar”, reflexionó.
En opinión del abogado, que ejerció la magistratura por 14 años, este fenómeno se da por la presión que tienen sus ex colegas a la hora de enfrentarse al órgano juzgador y a los medios de comunicación. En ese sentido, dijo: “Se dicta prisión preventiva por razón populista y por miedo al JEM, para no complicarse”.
De acuerdo con su observación, el Jurado funciona más para amedrentar a los magistrados antes que ser una seguridad para ellos.
“El JEM es la santa inquisición, no tiene noción en varios temas. Si sale tu nombre tres veces en la prensa, ya está en el Jurado”, expresó.
SITUACIÓN. En la actualidad, están privadas de su libertad 13.837 personas en los 18 centros penitenciarios, la mayoría de ellos sobrepasados.
Más del 70 por ciento de ellas no tienen condena, o sea, están presas esperando el fin de sus procesos judiciales, lo que deja en claro el abuso de la prisión preventiva por parte de los jueces.
De acuerdo con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que invoca estándares internacionales, la cantidad de internos en un centro penitenciario no debe superar 500 personas.
En la opinión del ex juez Fernández, el Ministerio Público también tiene cierta responsabilidad en estos casos al solicitar prisión, pero es el juez penal quien debe analizar y decidir sobre la suerte del procesado. Si se tiene una causa de delito económico, la Fiscalía no puede pedir prisión, pero es el juez el que analiza si corresponde. El Código pretende que no vaya preso, a no ser que haya peligro de fuga o de obstrucción”, señaló.
Ante el desborde del sistema, el Ministerio de Justicia estableció las condiciones para la construcción de tres nuevas cárceles. Las sedes estarán en Minga Guazú (Alto Paraná) y dos en la ciudad de Emboscada (Cordillera), tienen capacidad para 3.960 y allí serán llevadas solamente las personas condenadas.
En espera
La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, expresó en el programa televisivo La Lupa que si bien bajó la población penitenciaria a nivel país con respecto a años anteriores, cuando se tenía a más de 15.000 personas tras las rejas, todavía se debe gestionar la situación de 1.600 personas que están recluidas en comisarías y otras dependencias policiales.
Estas no pueden pasar a las penitenciarías porque están cerradas para recibir nuevos internos debido al brote del Covid-19. “Eso generó que exploten las comisarías y las jefaturas departamentales, pero esas personas tienen que entrar en algún momento, porque tienen orden de prisión preventiva”, señaló.
