Editorial

Se debe trabajar en serio para lograr presupuesto equilibrado

El proyecto de Presupuesto 2021 vuelve a considerar como principal mecanismo de financiamiento al endeudamiento. Si se aprueban las proyecciones solicitadas por el Ejecutivo, el peso de la deuda con respecto al PIB llegará a cerca del 35%, lo cual implica que con 10% de presión tributaria el país se encontrará en una riesgosa situación no solo para la sostenibilidad de la deuda, sino también para que el Estado pueda cumplir con sus funciones básicas en los ámbitos de salud, educación, protección social e infraestructura y generar un crecimiento sostenible. Los funcionarios de Hacienda deben salir de su zona de confort y empezar a trabajar en serio para lograr un presupuesto equilibrado que lleve al país hacia el desarrollo.

Si tenemos en cuenta que la proporción de deuda destinada a pagar deuda aumenta con el paso de los años, las predicciones de economistas y analistas desde hace años se están cumpliendo. La justificación de contratar deuda para financiar el desarrollo de infraestructura y generar empleo tuvo efecto limitado, e inclusive nulo para la mayoría.

Hoy, la deuda se está convirtiendo en un obstáculo para el desarrollo, ya que cada vez más recursos provenientes de los bonos se destinan a pagar deuda, mientras que empieza a hablarse de “austeridad” cuando que en realidad eso significa menos recursos para servicios imprescindibles para la población, como los programas de vivienda, salud o educación.

Durante los primeros años de endeudamiento, el objetivo era dotarle al país de mayor infraestructura de manera que el crecimiento económico que se derive de esas inversiones contribuya a pagar los costos. Sin embargo, pasaron los años y el crecimiento del PIB en promedios anuales del 4% no significó mayor aporte al Fisco para financiar el servicio de la deuda. Al contrario, fue necesario emitir más bonos y refinanciar, con lo cual lo más probable es que quienes paguen una parte de esta no sean quienes se beneficiaron, puesto que estamos transfiriendo compromisos a generaciones futuras.

Es más, el crecimiento del PIB de los últimos años y la inversión en infraestructura no afectaron al mercado laboral. Al analizar las estadísticas oficiales, desde que empezó el rápido aumento de la deuda hasta 2019, el desempleo aumentó levemente, la informalidad se mantuvo y el promedio de ingreso laboral se redujo. Frente a esta situación laboral, la reducción de la pobreza tuvo un magro comportamiento y una parte de ella fue gracias a los programas contra la pobreza.

Este crecimiento y los mayores niveles de infraestructura tampoco significaron mayor aporte al Fisco de quienes se beneficiaron en este periodo. La presión tributaria se mantuvo en el orden del 10%.

Dada esta situación, el pago de la deuda está significando una situación sumamente injusta. En primer lugar, la reducción de gastos públicos esenciales para la mayoría de la población y, especialmente, para quienes no cuentan con recursos suficientes para asumir los costos de la salud o educación privada. El Presupuesto 2021 refleja con total claridad quiénes se perjudicarán con los recortes.

En segundo lugar, dado que el 80% de los impuestos recaudados son indirectos frente al 20% proveniente de impuestos directos, el pago de la deuda con impuestos también recaerá de manera desproporcionada en los trabajadores y las personas en situación de pobreza, que como se ve en las estadísticas no vieron mejoras en su situación.

Así, el escenario futuro no es alentador y no por los efectos de la pandemia, sino por una gestión fiscal que no denota inteligencia ni compromiso con el desarrollo. El manejo del financiamiento del desarrollo exige que funcionarios públicos de carrera y autoridades se adapten a los nuevos contextos y salgan de la comodidad que les dieron los años de estabilidad económica, demanda externa de commodities y espacio para el endeudamiento y muestren nuevas fórmulas para encaminar hacia un crecimiento más inclusivo y sostenible del país.

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