Siguen sumando las anomalías que salpican a la empresa uruguaya Ramón C. Álvarez, adjudicada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la operación de 13 peajes en las rutas del país, licitación que ganó consorciada con la paraguaya CDD Construcciones SA, con la denominación Concesionaria de Peajes del Paraguay.
Ahora se afianza la sospecha de falsificación de uno de los dos documentos que presentó la firma charrúa en su oferta, para “acreditar” su experiencia en la operación de peajes. Se trata de una nota que supuestamente expidió la Corporación Vial del Uruguay (CVU) el 30 de marzo del 2007, que tiene la firma del ingeniero uruguayo Roberto Sandonato, a quien se le menciona como gerente de Contrataciones de la CVU.
En el escrito se menciona que la empresa charrúa tuvo un contrato con CVU entre los años 2002 y 2007, lo que le acreditaba una experiencia de cinco años. Recordemos que requería de una experiencia mínima de cuatro años para quedarse con la operación de los peajes del país.
Empero, el ingeniero Roberto Sandonato, quien supuestamente firmó el aval otorgado a Ramón C. Álvarez, confirmó en contacto con ÚH que nunca ocupó el cargo de gerencia de Contrataciones en la CVU, como le confieren en el escrito que presentó al MOPC la empresa uruguaya (ver facsímil), lo cual le sirvió para ganar la licitación.
“Yo fui gerente técnico de CVU desde 2002 hasta agosto 2007", expresó Sandonato. Además, se le consultó si otorgó un aval a Ramón C. Álvarez y dijo que “es claro” que se trata de un documento engañoso, pues se le menciona como gerente de contrataciones, cargo que nunca ocupó en CVU.
Asimismo, en el escrito mencionado se observan otras anomalías, como, por ejemplo, que se indica incorrectamente la denominación de la CVU, pues se le refiere como “Corporación Nacional Vial del Uruguay”, ente que no existe. Incluso la dirección que se menciona en el membrete no corresponde a la CVU.
Lo concreto es que la Corporación Vial del Uruguay ya dejó en claro que la contratación a Ramón C. Álvarez tuvo una duración de tres años y cinco meses (entre el 2002 y 2005). Además, varios otros documentos a los que accedió este medio, también lo confirman.
Error en otra constancia. Otra constancia de la CVU otorgada a Ramón C. Álvarez, con la firma de la funcionaria Mónica Rodríguez (de fecha 23 de octubre del 2017), certificó que la firma charrúa tenía un contrato desde el 2002 hasta el 2007 con la concesionaria. Sin embargo, Rodríguez tuvo que corregir este error y advirtió sobre esta situación a las principales autoridades del MOPC, a través de un correo electrónico.
A raíz de estas anomalías, Obras Públicas solicitó un informe a la Corporación Vial del Uruguay, vía Cancillería, respecto a los cuestionados documentos que presentó la empresa uruguaya. Mientras tanto, no se firmará el contrato con Concesionaria de Peajes del Paraguay.
Si el MOPC no cancela la adjudicación, el consorcio podrá percibir hasta USD 80 millones por cobrar el peaje durante 10 años. Este hecho fue duramente cuestionado en su momento ya que el MOPC modernizó la mayoría de los puestos para entregarlo al sector privado.