“Es un paso adelante a medias”, aseguró Alba Lanzilotto, dirigente de las Abuelas de Plaza de Mayo, una de las agrupaciones defensoras de los derechos humanos que desde hace años reclaman el traslado de Jorge Videla a una prisión común. “Al menos no está más en su casa, de donde dicen que salía para ir a misa o a comprar el pan. Siempre reclamamos que los represores vayan a cárceles comunes, porque es lo lógico, no que vivan lo más bien, con computadora y televisión, mientras los otros presos están hacinados”, remarcó. “Como está viejo y con cara de enfermo, le tienen la compasión que él no les tuvo a sus víctimas”, reflexionó Lanzilotto, quien aclaró que “para las Abuelas lo que pasó no es motivo de alegría, sino de satisfacción porque la Justicia actúe”. El juez español Baltasar Garzón le incluyó en una nómina de militares y civiles argentinos cuya captura internacional ordenó por crímenes cometidos durante la dictadura, pero no volvió a ser apresado hasta 1998 y por orden de un magistrado bonaerense que investigó la apropiación de niños cuyos padres fueron víctimas de la represión. Videla también está incluido en el Plan Cóndor.