“Todos los recursos que provengan de esta reforma van para inversiones sociales o productivas”, manifestó el presidente durante la firma de la ley, acto celebrado en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.
La ley completó su trámite legislativo el pasado 15 de diciembre, día en que fue aprobada en la Cámara de Representantes por 119 votos a favor y 19 en contra.
Con esta norma, que según el Gobierno no afectará a la clase media sino a los colombianos más ricos, se busca completar recursos del presupuesto para garantizar las inversiones en educación, primera infancia y lucha contra la pobreza, entre otras áreas.
Los recursos obtenidos con la ley sancionada hoy permitirán al Gobierno recaudar de manera adicional para el presupuesto de 2015 unos 12,5 billones de pesos (5.328 millones de dólares de hoy), cifra que irá en aumento año tras año hasta llegar a los 14 billones de pesos (unos 5.958 millones de dólares) en 2018, año en que terminará el segundo mandato presidencial de Santos.
Ante la polémica que ha causado la reforma en diferentes sectores, Santos afirmó hoy que con esta ley no se busca otra cosa que “seguir invirtiendo en desarrollo social, en infraestructura”, para de esta forma “mantener este buen momento y esta solidez de nuestra economía”.
“El resultado ha sido una reforma balanceada que cumple con el propósito fundamental de asegurar los recursos que necesita el país para seguir avanzando en la búsqueda de la equidad, en la lucha contra la pobreza”, aseguró.
Entre las disposiciones previstas en esta reforma tributaria está el “impuesto a la riqueza”, que el presidente prefiere llamar “contra la pobreza”, para los ciudadanos que tengan patrimonios netos superiores a 1.000 millones de pesos (unos 427.000 dólares de hoy).
Este impuesto tendrá una tarifa máxima de 1,15 % en 2015, que se reducirá gradualmente y será del 1 % en 2016; 0,4% en 2017 y desaparecerá en 2018.
El “impuesto a la riqueza” ha sido duramente criticado por distintos sectores que consideran que afectará principalmente a la clase media y a las pequeñas empresas, visión contestada por el Gobierno.
“Esta reforma supone un esfuerzo para las empresas más grandes del país, unas 32.000, con patrimonio superior a los 1.000 millones de pesos y para los 50.000 colombianos más ricos, pero no afecta a la clase media del país y no afecta a las pequeñas y medias empresas (Pymes)”, argumentó hoy Santos.
La nueva ley mantiene el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) con una tarifa de cuatro por mil hasta 2018, para iniciar su desmonte gradual a partir de 2019.
Igualmente incluye una sobretasa al impuesto sobre la renta y la equidad (CREE) que grava las ganancias superiores a 800 millones de pesos (unos 342.000 dólares de hoy) con el 5 % en 2015; el 6 % en 2016, el 8 % en 2017 y el 9 % en 2018.
Para incentivar la inversión, la reforma contempla un descuento en el impuesto sobre la renta de dos puntos del IVA pagado en la adquisición de bienes de capital como maquinaria, equipos y muebles de oficina, entre otros.
La norma endurece las sanciones para quienes omitan la declaración de bienes y activos superiores a 8.000 millones de pesos (unos 3,4 millones de dólares) con una sanción administrativa correspondiente al 200 % del mayor valor del impuesto debido.
