De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el sector privado formal el incremento salarial acumulado el año pasado fue del 147,5%.
En tanto, en el sector público, el crecimiento de los salarios fue del 119,3%.
Entre el empleo estatal y el privado formal, los salarios de trabajos registrados experimentaron en 2024 un alza del 137,7%.
Al mismo tiempo, el informe indica que los salarios en el sector privado informal registraron un aumento del 196,7%.
El incremento promedio en los salarios de Argentina se ubicó 27,7 puntos porcentuales por encima de la tasa de inflación acumulada en 2024, que fue del 117,8%, de acuerdo con datos oficiales.
“A lo largo del último año, las empresas hicieron esfuerzos por acercarse, en la medida de lo posible, al ajuste salarial necesario para contrarrestar el impacto de la inflación”, señaló este miércoles la consultora de recursos humanos Michael Page.
Para 2025, los economistas privados que mensualmente consulta el Banco Central argentino para su informe de expectativas proyectan una inflación anual del 23,2%.
“Con una proyección de inflación a la baja para 2025 respecto a 2024, se espera que este año se logre una verdadera recomposición del salario real, lo que impulsará un mayor dinamismo en el mercado laboral”, apuntó Michael Page.
DEBATE EN EL PARLAMENTO. La Cámara de Diputados de Argentina debate un proyecto de ley, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que impediría la candidatura electoral de quienes tengan una condena ratificada por la Justicia en segunda instancia por delitos de corrupción y podría afectar una eventual candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015).
La denominada iniciativa de ficha limpia, que ya había sido impulsada en noviembre por Propuesta Republicana (Pro) –el partido del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019)–, busca impedir que sean candidatos a cargos públicos electivos quienes tengan una condena penal con un fallo que sea ratificado en segunda instancia por determinados delitos como tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude en perjuicio de la Administración pública.
Fernández fue condenada el pasado 13 de noviembre a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la obra pública, aunque el fallo aún puede ser apelado ante la Corte Suprema.
