Las centrales obreras aún aguardan el borrador del proyecto de ley de desindexación del salario mínimo legal de diversas normativas impositivas y legales que debía ser entregado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). La propuesta debía ser presentada este setiembre en el Congreso Nacional, pero no hay novedades concretas.
Pese a avanzar en acuerdos en líneas generales dentro del Consejo Consultivo Tripartito, concretados en agosto pasado, José Pineda, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), señaló que aún no recibieron el documento oficial para analizar dentro del gremio.
“Hemos avanzado y hasta ahora por lo menos las centrales no tenemos el proyecto de ley que dice el Ministerio que está elaborando. Sí estamos de acuerdo en líneas generales con el proyecto, pero no hemos tenido una respuesta institucional”, contó Pineda.
La iniciativa, planteada por el sector sindical, busca desvincular el ajuste del salario y jornal mínimo de la fijación de tasas, contribuciones, impuestos y multas cobrados por diversas entidades estatales, principalmente municipalidades y el Poder Judicial, según explicó Pineda.
Los reajustes de cada año finalmente tienen un impacto en la economía del trabajador con el aumento de los costos de multas, tasas, impuestos y otros.
Pineda explicó que la falta de desindexación provoca que los incrementos salariales destinados a recuperar la capacidad de compra del trabajador terminen traduciéndose en un aumento de la recaudación pública.
“Nosotros pretendemos que el reajuste del salario mínimo cumpla su rol, en el sentido de que trate de recuperar lo perdido del valor del salario y que no sea un instrumento de mayor recaudación, principalmente de los municipios y otras entidades, principalmente del Poder Judicial. Y que busquen ellos otro tipo de referencia, otro tipo de mecanismo para referenciar sus ingresos”, añadió.
Pineda consideró que los grandes beneficiados en la lucha de reajuste del salario mínimo son las municipalidades, el Poder Judicial y otros poderes que automáticamente aumenta su recaudación.
El vicepresidente de la CUT-A dijo que se mantienen a la expectativa de una convocatoria inmediata por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo para proceder a la revisión formal del proyecto de ley. Consideró que no se avance por el periodo de las elecciones municipales.
Por su parte, el viceministro de Trabajo, César Segovia, explicó que el proyecto se está trabajando en forma tripartita.
“Tengo entendido que ya eso había sido remitido tanto al sector sindical y al sector empresarial para poder hacer las observaciones que lo consideren. Y en principio este octubre creo que estaríamos cerrando, estaría coordinando con la directora general de Seguridad Social. Pero seguramente este octubre cerraríamos ya el proceso de ajustes para la presentación después, al Ejecutivo primero y posteriormente si hay un acuerdo de remisión al Congreso”, anunció.
11 obreros no cobraron reajuste
Unas 11 denuncias concretas de trabajadores que manifestaron no haber recibido el reajuste salarial dispuesto a partir de julio de este año fueron presentadas ante el Ministerio de Trabajo, según informó el viceministro César Segovia. El incumplimiento del pago del salario mínimo legal reajustado constituye una infracción a la legis- lación laboral y puede ser sancionado con multas de hasta 30 jornales mínimos por cada trabajador afectado, informó el Ministerio de Trabajo.
