Opinión

Salario mínimo

En los próximos días el Gobierno determinará el reajuste del salario mínimo. Según la Ley 5764/2016, el Poder Ejecutivo debe considerarlo en el mes de junio de cada año sobre la base de la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC).

Como en años anteriores, los gremios sindicales reclaman que el reajuste por la variación del IPC es insuficiente, porque hay un desfasaje entre el salario mínimo actual y el costo de vida de un trabajador jefe de familia, que, según ellos, asciende a G. 3 millones mensuales, un 50% superior. Sin embargo, fijar el salario mínimo en este nivel tendría consecuencias desastrosas sobre el empleo formal y desencadenaría una espiral de salarios y precios con impredecibles consecuencias macroeconómicas en los próximos años.

Existe una relación fundamental e insoslayable entre remuneración y productividad laboral. La remuneración de un trabajador está en relación directa a su contribución para la generación de producción e ingresos. Esta relación es más directa en un microempresario cuentapropista, cuyo ingreso depende de cuánto produce y a qué precio vende su producto y es más indirecta cuando el trabajador forma parte de una cadena de valor en un proceso de producción y comercialización de una empresa.

La productividad laboral depende, a su vez, de factores intrínsecos al trabajador como su nivel de educación, experiencia, disciplina, actitud, etc., así como de factores externos a él, como el nivel de tecnología aplicada en el trabajo, el tamaño de las empresas, la eficiencia de la logística general de la economía, etc.

En este sentido, países que han mejorado el nivel de educación de sus trabajadores y han creado condiciones para incorporar tecnologías más eficientes en los procesos de producción han incrementado la productividad laboral y consecuentemente los niveles de remuneración de sus trabajadores y pueden fijar un salario mínimo más elevado de manera sostenible manteniendo altos niveles de formalización laboral.

Existe una relación sostenible entre el ingreso per cápita de un país y un nivel de salario mínimo compatible que permite minimizar la informalidad del empleo. Como referencia, Chile, el país con mayor ingreso per cápita en la región con USD 16.250 tiene un salario mínimo de USD 434 mensuales que representa el 35% del ingreso per cápita. En Argentina, el salario mínimo es de USD 275 mensuales y equivale al 37% del ingreso per cápita; en Brasil es de USD 255 mensuales, un 37% del ingreso per cápita, y en Uruguay equivale a USD 425 mensuales, un 34% del ingreso per cápita. Por lo tanto, en la región el salario mínimo representa en promedio un 36% del ingreso per cápita.

En nuestro país, actualmente el salario mínimo equivale a USD 335 mensuales y representa el 75% del ingreso per cápita. Como resultado, tenemos los niveles de informalidad laboral más altos de la región. Según la DGEEC, en el 2018 el 64,3% de los trabajadores no agrícolas tiene un empleo informal y el 79% de estos con una remuneración inferior al salario mínimo. Un salario mínimo de G. 3 millones mensuales representaría un 106% del ingreso per cápita, lo cual es absolutamente inviable. Nuestro nivel de productividad laboral es más bajo que en la región y las mipymes ni siquiera pueden cumplir con el salario mínimo actual.

Un proceso de mejora sostenible en las remuneraciones de los trabajadores requiere la implementación de políticas públicas que mejoren la calidad de la educación y de la capacitación laboral para aumentar el capital humano y la productividad laboral.

Además, debemos mantener un ambiente de negocios que promueva la innovación, la inversión y la incorporación de nuevas tecnologías. No existen recetas mágicas y solo con disciplina, esfuerzo y creatividad es posible lograr un efectivo progreso y bienestar tanto individual como colectivamente en el tiempo.

Mientras tanto, lo razonable sería reajustar el salario mínimo por la variación del IPC del último año e implementar medidas para ir reduciendo gradualmente el empleo informal.

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