Estuvo integrada por los camaristas Gustavo Ocampos, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández, ante la inhibición de todos los ministros de la Corte.
La casación fue planteada por el abogado Carlos Fernando Villamayor, quien pidió anular el fallo, por falta de fundamentación, a más de violaciones al principio de inocencia.
En el mismo juicio oral, Carlos Antonio Caballero, alias Capilho, no apeló su fallo, y con ello, la pena de 7 años de cárcel quedó firme.
En el análisis, se indica que hubo motivación de los jueces para aplicar la sentencia. Alega que se probó que la adquisición de los bienes inmuebles ubicados en Pedro Juan Caballero, Concepción y Horqueta, eran productos del lavado de dinero.
Finalmente, apuntan que la sentencia se hallaba bien argumentada, que no habían violado derechos constitucionales, por lo que se debía ratificar el fallo del 26 de noviembre de 2014, dictado por el Tribunal de Apelación.