La ex ministra de la SEN y el ex director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) fueron hallados culpables de lesión de confianza. En el juicio se determinó que el perjuicio patrimonial a la SEN fue de G. 2.482.950.000, con la compra de víveres para ser enviados a tres departamentos del Chaco, entre marzo y abril del 2012.
Ambos fueron condenados en el juicio oral y público el 27 de mayo de 2022, por los magistrados Rossana Maldonado, Manuel Aguirre y Blanca Gorostiaga.
En el caso, en el 2019, en un primer juicio oral, los dos procesados fueron absueltos de culpa y reproche, pero este fallo fue anulado por el Tribunal de Apelación Penal, tras la apelación de la fiscala Victoria Acuña.
Después, en el segundo juicio oral, ya estuvo el fiscal Luis Piñánez, donde se obtuvo una sentencia condenatoria.