Pese al pedido de medidas cautelares, de los abogados defensores de ambos procesados, quienes presentaron fianzas reales y arraigos de sus defendidos, la jueza decretó la prisión preventiva para los imputados por el hecho punible de lesión grave.
Al respecto, el abogado Álvaro Arias, representante legal de Héctor Grau, adelantó que presentarán apelación de la decisión tomada por Lovera, a quien responsabiliza por cualquier hecho de violencia que pueda sufrir en su integridad su defendido en la penitenciaría, ya que el mismo había recibido amenazas de parte de hinchas “identificados plenamente de pertenecer al Club Cerro Porteño”, señaló.
“Creemos que es arbitraria la decisión y violatoria de la ley, no se deben dictar prisiones preventivas si existe una amenaza que atente contra la integridad física de un procesado. Le hacemos responsable sobre la integridad física de Grau y Fretes, porque ellos están amenazados por fanáticos del Club Cerro Porteño”, declaró el abogado.
En ese sentido, Arias remarcó: “La jueza se equivocó. Me parece muy pobre su argumento. Además, admite la amenaza que existe (contra Grau y Fretes), quitándose toda la responsabilidad y afirmando que el director del penal de Tacumbú sería el culpable si algo les pasa, ya que es él quien administra la penitenciaría”.
ARGUMENTO. Durante la audiencia de imposición de medidas, la jueza Cynthia Lovera explicó sobre su resolución de que existe peligro de fuga y de obstrucción a la investigación.
También manifestó que la defensa de Marcello Fretes presentó certificado de arraigo, pero no adjuntó certificado de vida y residencia de sus padres, constancia de que es alumno de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, además ofreció fianza real consistente en una escritura de un inmueble y su certificado de tasación.
En ese sentido, explicó que el Juzgado verificó todas las documentaciones ofrecidas por la defensa técnica y ha observado que el mencionado inmueble cuenta con un embargo ejecutivo dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Séptimo Turno, de fecha 22 de febrero del 2011, por lo que no es suficiente.
Explicó que estos presupuestos que exige la norma son tener en cuenta justamente cuál es la expectativa de pena que puede tener el hecho de la presente investigación, que es de hasta 10 años de pena privativa de libertad.
El caso
Benjamín Zapag fue agredido durante la madrugada del pasado domingo 6 de noviembre de 2022, en la discoteca Morgan de Asunción. El joven quedó con lesiones graves en el rostro y tuvo que ser sometido a cirugía. En una carta publicada por la mamá de Benja, Clementina Gayet, relató los momentos de terror que vivió su familia. “No podía creer lo que le habían hecho a mi hijo, no paré de llorar”, escribió en la nota, en la que afirma que iba a ser diferente todo si los agresores de Benja se acercaban a su familia, y en especial a su hijo, a pedir disculpas, mientras él estaba hospitalizado.
