“Paraguay ha tenido problemas con la seguridad de los periodistas, con más de 600 casos de violencia documentados desde la década de 1990. Un proyecto de ley para establecer un mecanismo de protección se ha retrasado en el Senado desde 2023, enfrentándose a la resistencia de un clima político conservador”, expone.
El texto señala que si bien se espera que haya algún avance con la normativa, la distribución de las fuerzas políticas en el Congreso no son favorables. “La correlación de fuerzas políticas en el Parlamento no es alentadora en este sentido. Frente a un Congreso con mayoría conservadora, estas organizaciones trabajan entre bastidores para recabar apoyos a la agenda y evitar que se desvirtúen los puntos centrales del proyecto”, expresa.
El texto indica que los periodistas que investigan casos de corrupción son blanco frecuente de la violencia en Paraguay. “Las regiones fronterizas, especialmente con Brasil, azotadas por el narcotráfico, son particularmente peligrosas para la prensa. Los grupos criminales y las autoridades aprovechan el clima de impunidad”, menciona.
