Política

RREE pagará más de G. 400 millones a funcionario

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe pagar G. 474.136.150 a Víctor Simón Aranda Genes, que había demandado al ex canciller José Antonio Moreno Ruffinelli sobre indemnización por daños y perjuicios, en el 2002 y que en el 2015, en cumplimiento de una sentencia judicial, debió ser reincorporado al Ministerio en el cargo de auxiliar técnico administrativo, con la categoría G3Z, según el Decreto N° 3247, firmado por el entonces presidente de la República Horacio Cartes.

Por un nuevo decreto, fechado el 28 de noviembre último, el Poder Ejecutivo, que preside Mario Abdo Benítez autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores a pagar la suma señalada, considerando la reiteración del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 1er Turno, para el cumplimiento de 2 oficios que datan del 2015 y 2017, en relación a una sentencia definitiva de diciembre de 2014.

Cuando asumió el Gobierno anterior (de Horacio Cartes) en agosto de 2013, el Ministerio de Relaciones Exteriores afrontaba 72 juicios activos que habían promovido funcionarios por diversas circunstancias. Luego, varios ya habían obtenido fallos. En el 2017, Eladio Loizaga había dispuesto la instrucción de un sumario administrativo por abandono de cargo y ausencia injustificada por más de tres días o cinco días alternados.

Problema. Tradicionalmente, una de las demandas más comunes promovidas por los funcionarios del servicio diplomático ha sido para reclamar el ingreso al Escalafón Diplomático y Consular, establecido en 1999. 26% de los escalafonados lo hicieron por esta vía. Otras demandas son por incumplimiento de los derechos fundamentales de los funcionarios.

Se otorgaban categorías sin disponer el rubro correspondiente, tanto en el servicio local como exterior. Nombraban a alguien como consejero en alguna embajada, pero como no había rubro para esta categoría, el funcionario seguía cobrando como primer secretario (categoría inferior). La Ley 1335 del Servicio Diplomático y Consular establece 6 años como el plazo máximo de permanencia fuera del país, pero no fija un mínimo.

Dejá tu comentario