El presidente del Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), Gerardo Rolón Pose, fue suspendido por 10 años para emitir cheques y consecuentemente para tener una cuenta bancaria. La sanción se da a aquellas personas que cerraron su cuenta bancaria y que utilizaron los talonarios de cheques sobrantes de la cuenta cerrada para pagar una cuenta.
Consiste en pagar una deuda con papeles sin valor, por el hecho de que la cuenta del cheque emitido ya ha sido cerrada por el titular de la cuenta y se califica como una estafa. Esta sanción el titular del Conavi recibió de parte del Banco Continental en agosto del 2003 y fue publicada por el banco en el diario Última Hora y en el diario ABC, el 28 de agosto de 2003. Vale decir que la sanción aplicada por el banco en contra de Rolón Pose vence recién en agosto del 2013.
La sanción aplicada se estableció en la Ley 805, que prevé una suspensión de un año por la emisión de cheques sin fondo y de 10 años por la emisión de un cheque de una cuenta que ya fue cancelada. Esta ley ya fue modificada y actualmente las sanciones son otras y están establecidas en la Ley 2.835.
La sanción que recibió Rolón Pose pone en tela de juicio su honestidad, ya que la práctica común de pagar las cuentas con un cheque, cuya cuenta ha sido cancelada, es solamente utilizada por estafadores para eludir sus compromisos financieros, según explicaron fuentes de la Superintendencia de Bancos.
Además del problema para emitir un cheque, el titular del Conavi tiene tres demandas de entidades financieras por deuda impaga, lo cual por razones de procedimientos manejados en las instituciones lo descalifica para manejar un alto monto de dinero, tal como ocurre en el caso del Conavi. De acuerdo al presupuesto aprobado para el 2009, Rolón Pose administrará este año nada menos que 139.000 millones de guaraníes.
Rolón Pose tiene en su haber, a escasos meses de asumir en el cargo, la contratación de una consultoría por 300 millones de guaraníes, utilizando el mecanismo de la excepción. Vale decir, contrató directamente a una empresa, Más Control, sin concurso de precios, siendo el titular un funcionario contratado con un salario de 4 millones de guaraníes.
Este tipo de acciones está prohibido por la Ley de la Función Pública, porque forma parte de una de las inhabilidades del funcionario público firmar un contrato con el Estado siendo su empleado.
El hecho más grave observado en el procedimiento de Gerardo Rolón Pose es que gastó los 300 millones para reglamentar una ley vetada por el presidente de la República.