Exactamente un año y dos días después de haber sido imputado, el diputado Tomás Rivas fue desaforado el pasado miércoles. En la sesión, el legislador advirtió que fue víctima de un proceso injusto, que la Fiscalía violentó sus derechos y amenazó con acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en ningún momento el legislador colorado de Paraguarí se refirió al cúmulo de pruebas que el Ministerio Público tiene en su contra.
Desde su imputación hasta ahora, el parlamentario cartista aún no se refirió sobre el registro de ubicación de celulares, las pericias a planillas de asistencia y los informes que lo incriminan. Todos estos elementos confirman las publicaciones de ÚH que motivaron la pesquisa fiscal, Rivas hizo figurar como funcionarios a su cargo en la Cámara a tres personas que en realidad solo trabajaban en propiedades de su familia en Ybycuí, Lambaré y María Antonia.
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Sus caseros, Lucio Romero, Reinaldo Chaparro y Nery Franco, fueron citados para una audiencia preliminar para el próximo 10 de junio. Ahí la jueza Letizia Paredes deberá decidir si eleva o no el caso a un juicio oral y público.
Por su parte, Rivas recién fue procesado el pasado jueves tras su desafuero y ahora la Fiscalía Anticorrupción tiene cuatro meses para investigarlo y luego pedir un juicio oral, una salida alternativa o su sobreseimiento.
LLAMADAS. La imputación en contra de Rivas y sus caseros tiene como principal elemento el registro de ubicación de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de Romero, Chaparro y Franco. Se trata de las líneas telefónicas que estos declararon como suyas ante la Dirección de Recursos Humanos de Diputados al ser contratados.
De acuerdo con este registro, entre julio de 2016 y marzo de 2017 ninguno de ellos estuvo siquiera cerca del Congreso en días en los que Rivas participó de sesiones ordinarias y extraordinarias en el recinto parlamentario.
De hecho, la ubicación de sus celulares coincide con la investigación periodística de ÚH: Chaparro en realidad era casero de la casa del legislador en el barrio Panambi Retá de Lambaré, Romero trabajaba en una estancia de la familia del diputado en el distrito de María Antonia (Paraguarí) y Franco trabajaba como empleado de un negocio de Rivas en el centro de Ybycuí. El registro de las llamadas que sustenta la imputación coincide con estas ubicaciones.
Además, la Fiscalía Anticorrupción advirtió en la acusación a los caseros que las ubicaciones de las llamadas también coinciden con el informe de Bancard sobre los lugares donde ellos realizaban extracciones de dinero de sus cuentas bancarias.
PLANILLAS. Paralelamente, el Ministerio Público cuenta con un peritaje documentológico de las planillas de asistencia firmadas por los tres empleados. El estudio advierte que las hojas fueron firmadas “todas de una vez”.
En ese sentido, la acusación fiscal en contra de los caseros señala que “las letras de las personas que graficaron” las horas de entrada y salida de los acusados en las planillas no coinciden con las letras de los acusados. Al respecto, el escrito fiscal advierte que esto “da como conclusión que fueron realizadas por distintas personas y no por quien debía lógicamente estampar la hora de entrada y salida, que eran los acusados”.
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Finalmente, un informe de la propia Cámara de Diputados también complica a Rivas. En noviembre del año pasado el director general de Recursos Humanos de la Cámara, Julio César Arévalos Prieto, informó a la Fiscalía que el diputado era el encargado de controlar y avalar con su firma la presencia de todos los funcionarios a su cargo, entre ellos Chaparro, Romero y Franco.
