Ni siquiera la pandemia del Covid-19 fue una lección para rectificar los rumbos, a pesar de los duros ejemplos que dejó al país en todos los órdenes, pero especialmente en materia de salud pública y los costos de un Estado que cada vez más se aleja de la sociedad para convertirse en una cofradía de privilegiados.
En estos días algunas situaciones muestran cuán alejados están los dirigentes políticos –y especialmente los legisladores– de la realidad que golpea a la mayoría de la población que no tiene la ventaja del sueldo fijo de la burocracia estatal ni el poder para presionar y así conseguir cada vez más mejoras salariales.
Por dar un ejemplo, hace días el Senado rechazó el veto del Poder Ejecutivo a una ampliación presupuestaria de G. 20.000 millones para funcionarios del Congreso. Para nuevos cargos y equiparación salarial de G. 5 a 10 millones; o sea, un incremento del 100%, generando no solamente una desigualdad con otros entes del Estado, sino con empleados del sector privado, para quienes es absolutamente imposible semejante aumentazo.
Para enfrentar la pandemia, se endeudó al país en USD 1.600 millones, pero los señores legisladores colorados y algunos opositores igualmente irresponsables creen que sus leyes son varitas que fabricarán mágicamente billetes para pagar a sus operadores políticos. El Ministerio de Hacienda grita en el desierto cada vez que el Congreso favorece las ampliaciones presupuestarias sin determinar de dónde saldrá la plata. Hace días, advirtieron que en el circuito legislativo hay iniciativas que impactarán en USD 1.800 millones en finanzas públicas, ya sea para ampliar el gasto o disminuir la capacidad recaudatoria. Y como no hay ingresos adicionales, deberán recortar proyectos de inversión o gastos rígidos, como combustible o alimentación. ¡Qué importa si las ambulancias no tienen combustible si ese funcionario operador ya tiene su aumento salarial que lo obligará a ser parte del ejército de trabajadores electorales para su padrino de turno!
Si para muestra vale un botón, el presidente de Conatel, Juan Carlos Duarte, dio nuevas razones para generar repudio contra los privilegios de la función pública. Muy suelto de cuerpo confirmó a radio Monumental sobre un viaje a Rumania de 12 personas. Explicó la importancia de la frondosa comitiva porque Paraguay pretendía la presidencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Alejado incluso del simple sentido común, explicó que como presidente debía hospedarse en un hotel suntuoso por la “imagen del país”. No resistió las mínimas interrogantes periodísticas. Tanta fue su desconexión de la realidad que una orden desde el Palacio rebajó a cinco la cantidad de participantes. ¿Cuántos viajes inservibles se realizarán por año? ¿Cuánta sangría genera al raquítico Estado el turismo de la burocracia pública? ¿Hay una política de reducción de viajes y comitivas? ¿Quién evalúa la importancia de estas excursiones?
OFENSA. Sumado al descalabro del aumento del gasto público que atenta contra la estabilidad económica, aparecerán también acciones para degradar aún más las ya debilitadas instituciones. No bastará con los descalabros presupuestarios que irán desangrando al Estado para asegurar victorias electorales. La defensa absurda al defensor del Pueblo, Miguel Godoy, se inscribe dentro de las perversidades de las luchas partidarias, donde se asumen amparos que rayan la irracionalidad. Godoy no debía ser reelecto. En su primer periodo en el cargo, ya había demostrado signos de desequilibrio emocional y desquicios presupuestarios. Hicieron caso omiso porque el poder irracional es prepotente. Hoy pesan sobre él acusaciones mucho más graves, pero sus protectores no son capaces de entender que la defensa de la institucionalidad muchas veces exige el sacrificio de uno de los suyos. Por aquello de los hombres pasan, las instituciones quedan. Ya se equivocaron dándole un quinquenio más de mandato, pero prefieren seguir en el obtuso orgullo del blindaje político porque su gestión les beneficia.
La mediocridad y la voracidad política conspiran contra los pequeños pero relevantes pasos que viene dando el país en algunas áreas. La mala noticia es que mientras dure la campaña electoral hasta abril del 2023, la irracionalidad y la perversidad contaminarán las decisiones institucionales. La buena noticia es que estas insalvables contradicciones serán pruebas irrefutables para detectar la propaganda engañosa de quienes pretenden conquistar el voto con palabras vacías y acciones corruptas.
Textual
“Yo creo que (el defensor del Pueblo) no debe ser removido por juicio político. Creo que las consideraciones que están llevando a promover el juicio político (contra el defensor del Pueblo, Miguel Godoy) están vinculadas al escenario político, y dentro de la política, el plano electoral. Son argumentos subjetivos y no sobre el rol institucional. Si hay arbitrariedades y no ha cumplido la ley, pues bien que se hagan las denuncias y él va a tener que rendir cuentas”. (Santiago Peña, precandidato presidencial de Honor Colorado).
Lo que hay que saber
ABSURDO INSTITUCIONAL. Las diputadas Vallejo y González recibirán protección policial no contra los narcos, sino contra quien debe proteger los DDHH: Miguel Godoy, el defensor del Pueblo.
CORRUPTO. Ante la solicitud de la Fiscalía, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia acusó recibo y designó a un fiscal litigante que analizará la pertinencia del pedido para dar o no la información.
DENUNCIA. Mario Abdo aprovechó su participación en la ONU para pegar a Horacio Cartes al mencionar el caso del avión iraní en el contexto del combate contra el lavado de dinero.
AVIÓN IRANÍ. El Gobierno dio una nueva vuelta de tuerca sobre Cartes, al revelar facturas dudosas de la operación de Tabesa, que utilizó el polémico vuelo para exportar cigarrillos.
