El pequeño tenía que ser internado en la sala de terapia intensiva neonatal del Hospital Regional de Villarrica. Esta había sido inaugurada unos días antes con presencia de la ministra de Salud, María Teresa Barán, y el presidente de la República, Santiago Peña.
Sin embargo, el área no estaba en condiciones. Por ello el bebé había sido traslado al Hospital de Trinidad en Asunción.
A partir del caso, Barán destituyó a algunos funcionarios, entre ellos, el viceministro de Salud y el director del hospital y ordenó una auditoría. Este trabajo fue realizado por la Superintendencia de Salud.
En la víspera fue dado a conocer el resultado de dicha auditoría realizada para ver si hubo o no falencias.
“La coincidencia entre la fecha de habilitación, 20 de febrero, y la inauguración oficial con cobertura mediática junto con la celeridad de las verificaciones en un intervalo de 24 horas sugiere una planificación deficiente o apresurada que podría haber condicionado a la objetividad del acto técnico de habilitación”, determina en su informe la Superintendencia.
Dentro de las conclusiones, el ente detalla que dicha área de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital Regional de Villarrica fue habilitada sin el cumplimiento efectivo. Tampoco contaba con la documentación de los requisitos que rigen por la normativa vigente.
Esta situación significó una habilitación prematura, sin garantía de operatividad real al momento de determinar su funcionamiento, detalla.
Sin registro. Otro dato revelador de la auditoría es que al momento de su inauguración, la Unidad no estaba inscrita en el Registro Nacional de Entidades Prestadoras de Servicio de Salud.
La irregularidad representa una transgresión al marco reglamentario que rige a los establecimientos que están bajo supervisión de la Superintendencia de Salud.
Una “desarticulación funcional” es otra falencia detectada y señalada por la auditoría realizada por la Superintendencia.
Dicha falencia tuvo lugar entre las instancias del Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de Redes y Servicios de Salud.
Según describe el informe, hubo falta de comunicación formal en el ministerio sobre la habilitación, operatividad y posterior cierre de la UTI, viéndose así debilidades estructurales en la gobernanza y en el trabajo en red.
Puntualizando en el caso del bebé fallecido, menciona que la UTI Neonatal no estuvo disponible para la atención del neonato.
Esta falencia obligó a una derivación urgente y evidenció “una falta de planificación, ausencia de protocolos operativos y debilidad en la gestión institucional de recurso habilitado”.
Considera también que la respuesta del Sistema de Emergencias Médicas Extrahospitalaria (SEME) fue inadecuada por demoras evitables, problemas logísticos y falta de coordinación.
La auditoría dada a conocer ayer volvió a despertar los pedidos de destitución de la titular de la cartera sanitaria. Hace unas semanas la mayoría parlamentaria había rechazado la interpelación.
