“La fuga se pudo producir gracias a la complicidad y la corrupción de funcionarios”, admitió la ministra, reconociendo que la situación no ha cambiado, ya que en agosto de este año hubo otro intento de fuga masiva en la misma cárcel, que afortunadamente se logró frustrar a tiempo. Eso “demuestra que se siguieron haciendo las cosas como se hacían antes. La investigación de Anticorrupción reveló que, en el mismo pabellón, con miembros de la misma facción (Primer Comando de la Capital), siguieron operando de la misma manera”, indicó Pérez en la entrevista.
Para la funcionaria, hay connivencia y complicidad. “Si vamos a hablar de la corrupción del funcionariado, tenemos que hablar necesariamente de la vinculación con estos grupos. Ya sea para dejar que sucedan las cosas o ponerse de acuerdo para que se den las condiciones o aportar elementos. Pero también hay funcionarios que están comprometidos con el sistema y que buscan que se haga bien el trabajo”, especificó.
Admitió que la decisión de despedir a funcionarios involucrados motivó que reciba advertencias. “Hay personas que se acercaron a decirme que estaba demasiado de frente, que estaba moviendo demasiado el avispero”, indicó.
El Paraguay arrastra una gran superpoblación en las cárceles y un alto número de presos sin condena, que lo han puesto en el ojo de organismos internacionales de derechos humanos. Según un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de Torturas (MNP), divulgado en 2018, había 14.326 personas privadas de libertad en sitios habilitados para 9.511 personas. El documento exponía que el 65% de las penitenciarías se encontraban con sobrepoblación crítica y el 25,5% con sobrepoblación, algo que no ha variado mucho.
En cuanto a la situación procesal, solo el 28% de los hombres que están presos y el 40% de las mujeres cuentan con condena, mientras el 72% y el 60%, respectivamente, se encuentran solo en calidad de procesados.
Este año, por primera vez en una década, ante los efectos de la pandemia del Covid-19, se podría tener un descenso de aproximadamente 1.000 personas en el Sistema Penitenciario. Al inicio de 2020 había 15.544 personas privadas de libertad, en tanto que desde abril la cifra empezó a descender gradualmente, llegando a 13.300 en setiembre, con una disminución de 2.244.
Muchos de los detenidos tuvieron que permanecer en las comisarías, que están aún menos preparadas que las cárceles para retener a un gran número de reclusos.
Resulta imperioso corregir los graves problemas procesales, modernizar los establecimientos penitenciarios y clausurar las viejas y desfasadas cárceles, como la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, pero principalmente desterrar con urgencia las escandalosas redes de corrupción.