En un país como el nuestro, con altos niveles de pobreza y con una economía poco desarrollada, las necesidades y las demandas sociales y de infraestructura son enormes y los recursos son muy escasos.
Por este motivo, no existe ninguna ley de mayor importancia política, económica y social que la ley de Presupuesto. Ahí se encuentra plasmada en números la verdadera política de un país. Ahí se define quiénes se benefician del accionar del Estado y quiénes pagan sus gastos.
Por eso, en el debate sobre una ley de responsabilidad fiscal como el que hoy tenemos, deben participar todos los sectores de la sociedad y no solamente los parlamentarios y los técnicos del Ministerio de Hacienda.
Para empeorar la situación, lo que uno escucha de un lado son acusaciones al Congreso por su comportamiento irresponsable y por el otro lado, acusaciones al Ejecutivo de querer cercenar las atribuciones constitucionales del Parlamento.
Este no es un debate constructivo, cuando lo que tenemos que debatir es cómo conciliamos demandas ilimitadas con recursos limitados, en la búsqueda del desarrollo económico y social del país.
En ese debate Dende puede contribuir, porque desde hace años viene insistiendo en la necesidad de tener un marco legal que sirva de base para el estudio y la aprobación del Presupuesto Nacional.
El Paraguay tiene una economía tremendamente cíclica y volátil, con años de gran crecimiento y años de profundas caídas, debido a la importancia del sector agrícola y consecuentemente del clima.
Ante esta situación, necesitamos de una política fiscal que pueda actuar contra-cíclicamente, ahorrando en los años de vacas gordas y des-ahorrando en los años de vacas flacas.
Para ser más claros, tener superávit en los años buenos y tener déficit en los años malos, pero buscando que en el mediano plazo se logre el equilibrio fiscal (superávit = déficit). A eso se le llama “equilibrio estructural” o “equilibrio cíclicamente ajustado”.
El objetivo debe ser asegurar la “sustentabilidad fiscal”, es decir, disponer en todo momento de los ingresos o los ahorros necesarios para financiar no solo los gastos corrientes, sino también las inversiones sociales y en infraestructura.
Tenemos que evitar a toda costa lo que nos ocurre actualmente, donde apenas se reduce la recaudación, el rubro de ajuste es el recorte o la eliminación de las inversiones sociales y en infraestructura.
La responsabilidad fiscal consiste en nunca hablar de gastos sin tener claro de dónde va a salir el dinero para financiarlo, recordando que la única fuente de financiamiento “sustentable” es el impuesto pagado por los ciudadanos.
Por eso tenemos que ponerles límites muy precisos al déficit fiscal y al endeudamiento externo e interno, porque por ese agujero es por donde comienza a hundirse la nave del Estado
En resumen, la política fiscal que Dende viene promoviendo desde hace años, es una política fiscal de equilibrio estructural, anticíclica, con límites precisos al déficit y al endeudamiento.
Esta política no es de derecha ni de izquierda, no es de políticos o de técnicos, es solamente de sentido común y de responsabilidad para con el país.
Este tipo de ley la tienen en otros continentes la Unión Europea con el Tratado de Maastricht y Nueva Zelanda con el Fiscal Responsability Act, y en América Latina la tienen Chile, Brasil, México, Perú y Colombia.
En algunos países la promovieron gobiernos de izquierda como el de Bachelet en Chile y en otros países la promovieron gobiernos de derecha como el de Pastrana en Colombia.
Lo que sí debemos tener en cuenta es que en todos los países, este tipo de proyecto no es impulsado por los técnicos sino por los líderes políticos, porque el presupuesto se encuentra…en el corazón mismo del debate político.
