El reglamento, entre otros aspectos, establece procedimientos abreviados de Debida Diligencia y Conocimiento (DDC) para toda persona que realice operaciones que no superen los cuatro jornales diarios mínimos (unos G. 340.000) en un año; para las transacciones únicas que no superen tres salarios mínimos (alrededor de G. 6.600.000), u operaciones que en el último trimestre no superen los seis salarios mínimos (más de G. 13 millones).
En caso contrario se deberá declarar más información, como el nombre de la persona que opera, documento de identidad, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, ocupación, oficio o profesión, propósito de la transacción e identificación de origen de fondos, entre otros.
El texto fue cuestionado por el senador Fernando Silva Facetti, quien refirió que la medida está produciendo confusión y puede tener efectos negativos. “En plena crisis donde el comercio y el trabajo están fuertemente golpeados esta resolución puede tener un efecto bumerán“, señaló. Según su visión, la resolución puede hacer que aquellos que realicen pequeñas operaciones de cambio acudan directamente al sector informal.