Supuestamente hay un compromiso de que no se utilizarán los recursos para gastos superfluos.
Hubo reclamos por parte de Desirée Masi y Stephan Rasmussen de que el Ejecutivo podía hacer por decreto el pedido de reprogramación.
El liberal Abel González, quien la semana pasada cuestionaba los gastos de ceremonial, apareció con un discurso a favor, justificando la solicitud de la Fiscalía.
Inclusive admitió que cambió el dictamen de la Comisión de Cuentas y Control para coincidir con el de Hacienda por la aprobación.
Stephan Rasmussen, de Patria Querida, se ratificó en la postura de rechazo.
Volvió a recordar que el proyecto tuvo entrada en el Congreso los primeros días de marzo, previo a la pandemia, y cuestionó que en plena cuarentena se estén reprogramando para gastos corrientes.
“No acompaña el espíritu y la línea de austeridad que tenemos que tener como Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en este caso el Ministerio Público”, indicó.
El colorado Enrique Riera salió en defensa de la reprogramación y argumentó que se puede estar o no de acuerdo con la actuación de algunos fiscales, pero que no tenían que obstaculizar.
Masi se sumó a Rasmussen para cuestionar por qué el Ejecutivo y la Fiscalía no hacían directamente el trámite sin necesidad de una ley.
“¿Quién se está queriendo lavar las manos?”, preguntó. Ganó la aprobación y ahora pasa al Poder Ejecutivo.
La Cifra
1.970 millones
de guaraníes es lo que una mayoría del Senado decidió reprogramar al presupuesto de la Fiscalía General del Estado.