La representante del Ministerio Público Estela Beatriz Cardozo Sánchez imputó al pizzero que dio muerte a un presunto asaltante.
La fiscala imputó a Richard Darío Enriquez Bernal (36) por el supuesto hecho punible de homicidio doloso por excitación emotiva y reproche reducido; sin embargo, tras la lluvia de críticas al accionar de la agente, ayer fue removida de la causa.
Desde la Fiscalía General del Estado informaron de la determinación de nombrar a dos nuevos fiscales para la causa del crimen de un supuesto asaltante Matías Gaspar Alcaraz Chávez (19) en la pizzería La Avenida, de Villa Elisa. Los nuevos encargados de la investigación y persecución penal son Giovanni Michele Grisetti y María Irene Álvarez.
Recordemos que el asalto ocurrió el pasado 29 de abril último cerca de las 23.00 dentro del negocio de comidas rápidas ubicado sobre las calles Teniente Américo Picco y Río Manduvirá. Supuestamente el joven de 19 años ingresó con un arma de fuego y a los gritos amenazó a todos, diciendo que se trataba de un asalto.
Ante las amenazas hacia su cuñada, sus empleados y clientes, el pizzero Richard Darío se resistió al asalto y empezó a pelear con el joven delincuente, y para herir a su victimario tomó un cuchillo de cocina que estaba utilizando para cocinar.
Matías Alcaraz fue herido en la zona del tórax. El pizzero mencionó a Telefuturo que incluso el supuesto delincuente disparó dos veces, y luego huyó caminando. Varias cuadras después, el joven asaltante fue encontrado tendido sin vida en la vía pública.
Richard también agregó que él no tuvo intención de asesinar a nadie, y que su reacción fue para proteger a sus familiares, clientes y empleados.
Cambio. Como ya mencionamos, Cardozo Sánchez imputó al pizzero y solicitó medidas alternativas a la prisión. Según informaron desde Fiscalía General, la fiscala tiene presente que la víctima actuó por excitación emotiva ante el asalto, pero que solo se debe agotar el proceso investigativo.
Sin embargo, ante la presión de los comentarios en contra de la imputación, la fiscal general Sandra Quiñónez solicitó informes y reasignó ayer la carpeta a los fiscales Grisetti y Álvarez, a fin de que lleven a cabo la investigación de la causa.
Las críticas se deben a lo que establece el Código Procesal Penal en su artículo 19 donde habla de la legítima defensa. El texto menciona que “no obra antijurídicamente quien realizara una conducta descrita en el tipo legal de un hecho punible, cuando ella fuera necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión, presente y antijurídica, a un bien jurídico propio o ajeno”.
